La reforma legal e institucional de la Cooperación Española

En pleno proceso de reforma legal e institucional de la Cooperación Española, actualmente en trámite en el Congreso de los Diputados, el Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE ha publicado recientemente su octava evaluación de esta política que realiza este organismo internacional sobre todos los países donantes.

Las conclusiones del examen, de carácter cuatrienal, fueron divulgadas el pasado enero, cuando todavía estaban en marcha los trabajos para renovar la antigua Ley 23/1998 de Cooperación Internacional para el Desarrollo y el conjunto de su sistema. Sin embargo, resulta muy llamativo que los responsables de la Cooperación Española no hayan incorporado a esta reforma los resultados que se desprenden de esta importante evaluación internacional. Tampoco han difundido el informe, que ni siquiera han puesto a disposición de los responsables políticos e institucionales que trabajan en este relevante proceso de reforma. Y un buen número de los datos y observaciones relevantes no han sido tenidas en cuenta en el proyecto de nueva Ley de Cooperación para el Desarrollo Sostenible y la Solidaridad Global que actualmente se tramita, abriendo importantes interrogantes.

El informe destaca el compromiso de España con la Agenda 2030 al más alto nivel, utilizándola como palanca y catalizador para fortalecer su política de cooperación al desarrollo. Al mismo tiempo, se resalta con énfasis el valioso papel de las ONG en la Cooperación Española, al implementar el 56% de la ayuda oficial al desarrollo (AOD) bilateral (de país a país), canalizando el 86% de la intervención de España en contextos frágiles. Sin embargo, esta indudable importancia no es adecuadamente reconocida en el actual borrador de la nueva ley, otorgando a las ONG un papel muy marginal.

Junto al considerable papel de la Cooperación Española en la cooperación delegada de la UE (ejecutando presupuesto de este organismo), siendo el tercer país impulsor de este instrumento, se destaca el papel de los Marcos de Asociación de Países (MAP) en los procesos de diálogo con los territorios receptores. A su vez, se destaca la construcción de una estrategia específica de respuesta y recuperación frente a la pandemia de Covid-19, en diálogo con todos los actores e instituciones implicados en esta política exterior.

El CAD critica el incumplimiento del compromiso de alcanzar el 0,4% de la RNB en ayuda oficial al desarrollo para 2020, dado que en este año apenas superaremos el 0,2%

Por contra, el CAD critica el incumplimiento del compromiso de alcanzar el 0,4% de la Renta Nacional Básica (RNB) en AOD para 2020, dado que en este año apenas superaremos el 0,2%. Al tiempo que se insiste en la fragmentación institucional y presupuestaria del sistema de cooperación español, algo que se mantiene y toma carta de naturaleza con el nuevo proyecto de Ley de Cooperación. A su vez, valora negativamente el Fondo de Promoción para el Desarrollo (Fonprode), cuya eliminación se propone en la nueva ley en tramitación, que será sustituido por un nuevo Fondo Español para el Desarrollo Sostenible (FEDES), del que se desconoce su alcance. Resulta llamativo que en los informes y cuadros aportados por los responsables se omita información determinante sobre importantes actores, como las entidades locales o las universidades, que no son siquiera mencionados.

Entre las principales observaciones que hacen los autores del examen, destacan: la carencia de una visión integrada y unificada que permita una intervención flexible y estratégica, una insuficiente política de recursos humanos que resta calidad y visión de largo plazo en todo el sistema, la falta de acumulación de conocimiento e información sobre sus intervenciones para alimentar la toma de decisiones, una cooperación financiera muy deficiente en objetivos, controles y salvaguardias, junto a la necesidad de impulso de la diplomacia humanitaria.

Uno de los datos más llamativos de esta evaluación es el análisis que hace el CAD sobre el grado de incorporación que se ha hecho de las recomendaciones realizadas en su valoración anterior. Así, de las dieciocho que hicieron en 2016, únicamente se han aplicado dos, seis siguen incumplidas y diez estarían solo parcialmente implementadas. Esto demuestra el bajo grado de aceptación de las observaciones que viene haciendo este organismo para mejorar muchas de las deficiencias y problemas de un sistema de cooperación que presenta importantes y profundas lagunas.

Pero también, con ello se destaca el nulo valor que desde la Cooperación Española se da a la cultura de la evaluación y del aprendizaje, como espacio de gestión del conocimiento que alimente la toma de decisiones, otra de las carencias fundamentales que presenta el actual borrador de Ley de Cooperación al Desarrollo Sostenible.