Dieron más poder territorial a Morena, convirtiéndolo en el principal partido del mapa. Al mismo tiempo, acotaron su margen de acción en el Congreso, que en cualquier caso será amplio al contar con una desahogada mayoría absoluta junto con sus aliados. En otros términos, la mayoría de los votantes lanzó una serie de mensajes a Andrés Manuel López Obrador: renovaron su confianza en el presidente para que gobierne hasta 2024, pero no a cualquier precio. Es decir, sin la fuerza suficiente para cambiar las reglas del juego en nombre de su proyecto, la autodenominada Cuarta Transformación. Además, castigaron a la formación oficialista en Ciudad de México y abrieron la puerta a la recomposición del frente opositor, especialmente los partidos tradicionales, el PRI y el PAN.
Todas estas premisas sientan las bases para la gobernabilidad del mandatario, que está a punto de llegar al ecuador del sexenio, en la segunda parte del mandato. Y conforman también la casilla de salida para los próximos comicios presidenciales. López Obrador ya exhibió en la conferencia de prensa matutina del lunes una satisfacción sin medias tintas. Se dijo “feliz”. Y lo repitió tres veces. El mandatario ganó, en efecto, las elecciones locales y federales. Pero no con el empuje suficiente para poder aprobar, con el apoyo del Partido Verde y del Partido del Trabajo, reformas constitucionales. Ese umbral, dos terceras partes de la Cámara de Diputados (334 de los 500 escaños), se llama mayoría calificada. Sí tiene, con esas bancadas, una mayoría simple o absoluta, 279 curules. No obstante, esos números reflejan una caída de todo el bloque de más del 10% respecto a la actual composición. Este martes le ha restado importancia, llegando a sugerir que podría lograr el apoyo del PRI, el epítome de todo lo que siempre ha atacado. “Si se quisiera tener mayoría calificada, que son dos terceras partes, se podría lograr un acuerdo con una parte de legisladores del PRI o de cualquier otro partido, pero no se necesitan muchos para la reforma constitucional”, ha dicho enseñando una diapositiva de la composición de la Cámara con un cómputo que no coincide con el difundido el domingo por el Instituto Nacional Electoral (INE).
El presidente no solo no reconoció el desgaste, sino que atribuyó la caída -reflejada también en la pérdida de cuatro alcaldías de la capital- a las críticas de la prensa, que suele incluir entre sus adversarios. “También [hay que] tener en cuenta que aquí hay más bombardeo de medios de información, aquí es donde se resiente más la guerra sucia, aquí es donde se puede leer la revista esta del Reino Unido, The Economist, o sea, aquí está todo”, manifestó en referencia a un editorial que lo calificó de “peligro para la democracia”. Lo más relevante de los resultados, en cualquier caso, es que la correlación de fuerzas no le permitirá modificar la arquitectura legal del país, consagrada en la Constitución. No podrá desatascar, por ejemplo, su agenda energética, un polémico paquete de reformas del sistema eléctrico y del sector de los hidrocarburos que después del trámite parlamentario quedó paralizado en los tribunales por los amparos de empresas privadas. López Obrador sí tendrá la facultad de impulsar su proyecto político por los cauces legislativos normales. Hasta ahí.
La principal aspiración del mandatario es dejar una huella indeleble en la historia de México. Nunca lo ha ocultado y en ese contexto hay que leer sus planes. Sin embargo, la llamada Cuarta Transformación, defendida cada mañana en sus conferencias de prensa, es también un mecanismo para fidelizar el voto e incluso ampliar la base de simpatizantes. Y ese instrumento se queda ahora limitado por la el reparto del Congreso. A López Obrador tiene, no obstante, un resorte crucial con vistas a los próximos tres años: su capacidad de hacer campaña, que siempre ha sido su terreno de juego natural, y su habilidad para convertir cualquier debate en confrontación. La recuperación de la oposición del PRI-PAN-PRD, que aumenta sus escaños en casi un 50% (de 137 a 197) y, pese a la falta de liderazgos fuertes, tiene más posibilidades de constituirse en una amenaza, cierra de alguna manera ese círculo.
La carrera hacia las presidenciales plantea, al menos, dos batallas. La más directa enfrenta a Morena con sus adversarios. En 2018 las fuerzas tradicionales sufrieron un cataclismo sin precedentes y quedaron desarticuladas, sin capacidad de acción, durante la legislatura. Las elecciones locales han demostrado que tienen capacidad de respuesta, que, a falta de conocer el detalle de la procedencia del voto, probablemente se deba a una decepción de algunos sectores sociales con el Gobierno. La carrera es larga, pero este intento de recomposición y una mayor presencia en la actividad legislativa son un primer paso. El partido Movimiento Ciudadano (MC) se queda estancado en el Parlamento, pero la victoria de Samuel García en un Estado especialmente simbólico, Nuevo León, corazón industrial y económico de México, supone otro frente para el mandatario.
La segunda batalla es interna. En México no hay reelección y no se dan las condiciones de consenso popular para plantear esa reforma constitucional. López Obrador todavía no ha dado permiso a los dirigentes de su partido para que empiecen a posicionarse. Sin embargo, todos saben que la sucesión pasará, en primer lugar, por una designación del presidente. Los resultados del domingo ofrecen también una lectura en ese sentido. Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, son dos de los nombres que más suenan. La primera, que hace un mes tuvo que afrontar la crisis del derrumbe de la Línea 12 de metro, quedó tocada por la pérdida de cuatro de las 11 alcaldías de la capital en las que Morena tenía el control. El segundo, que fue regidor cuando se inauguró esa obra, queda menos interpelado por el veredicto de estas elecciones desde su trabajo de canciller.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación.
