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La justicia argentina ha ordenado al Gobierno de Javier Milei detener el recorte que la motosierra presidencial aplica sobre el sistema universitario público. Se trata de una medida cautelar, confirmada en segunda instancia, que exige cumplir con una ley votada por el Congreso el año pasado y hasta ahora ignorada por el Ejecutivo. El fallo se conoció este martes, en medio de un creciente conflicto con los profesores universitarios, que iniciaron su tercera semana de huelgas y medidas de protesta. Las universidades del país han denunciado que, desde la asunción de Milei hasta hoy, entre 2023 y 2026, han sufrido “una caída real acumulada del 45,6%” de sus fondos.
La universidad pública, gratuita y con ingreso libre en la mayor parte del país es una de las instituciones más valoradas por la sociedad argentina. Las 64 universidades de gestión estatal albergan a unos 2,1 millones de alumnos —el 78% de la matrícula estudiantil—, cerca de 159.000 docentes y 60.000 empleados jerárquicos, administrativos y de maestranza.
Ese universo se declaró la semana pasada en “emergencia salarial y presupuestaria”, según dispuso el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). El organismo que representa a las casas de estudios precisó que los salarios universitarios han sido víctimas de “una pérdida de poder adquisitivo del orden del 32%” desde que gobierna la ultraderecha: entre noviembre de 2023 y febrero de 2026, los sueldos acumularon “un incremento del 158%, mientras que la inflación acumulada en el mismo período alcanza el 280%”.
Después de numerosas protestas de la comunidad académica, el año pasado una amplia coalición opositora le torció la mano al Gobierno y logró aprobar en el Congreso una ley de financiamiento universitario que estipula la actualización de los fondos según la inflación acumulada. Es decir, no supone un aumento real, sino una recuperación de lo perdido en los últimos tres años y la continuidad de su actualización en el futuro.
Milei vetó la ley, pero el Congreso la ratificó. Aun así, el presidente se negó a aplicarla, argumentando que implica un atentado contra el superávit fiscal y exigiendo que el Poder Legislativo definiera qué recursos reasignar para dirigirlos a las universidades. El CIN recurrió a la justicia y este martes, un fallo de segunda instancia confirmó la medida cautelar dictada en diciembre pasado, apelada por el Gobierno. Los jueces Sergio Fernández y Jorge Morán, de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, ratificaron que el Ejecutivo debe actualizar y recomponer los salarios universitarios y también las becas estudiantiles.
El fallo fue aplaudido por los académicos. “Excelente noticia para la comunidad universitaria del país en el contexto extremadamente delicado que atravesamos”, señaló el presidente del CIN, Franco Bartolacci. Las federaciones sindicales de profesores exigieron que el Gobierno respete la ley y pague “la deuda que tiene con docentes, no docentes y estudiantes”. “No vamos a permitir más dilaciones”, advirtieron.
Para recuperar el nivel salarial de hace tres años, los sueldos de profesores y demás trabajadores universitarios “deberían experimentar una recomposición del 47,3%”, según calculó el CIN. Con ese reclamo, los sindicatos del sector están realizando huelgas y otras medidas de fuerza desde mediados de marzo. Si el Gobierno no envía los recursos, desde la próxima semana tienen previsto instalar carpas en distintos puntos del país para visibilizar sus reclamos.
En ese marco, este martes, estudiantes y docentes de la Universidad de Buenos Aires protagonizaron una clase pública frente al domicilio particular del jefe de Gabinete de ministros, Manuel Adorni. El alto funcionario de Milei, uno de los mayores propaladores del discurso ultra contra “la casta” y “los parásitos del Estado”, fue denunciado y es investigado por la justicia por presunta corrupción y enriquecimiento ilícito.
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