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Movimiento estratégico en la investigación judicial de una de las mayores catástrofes naturales de España: la dana que dejó 229 muertos y un reguero de destrucción en Valencia en octubre de 2024. La jueza de Catarroja (Valencia) que indaga penalmente esta inundación, Nuria Ruiz Tobarra, dirige el foco de sus pesquisas al fallecimiento de 37 dependientes que perdieron la vida mientras estaban conectados al servicio de teleasistencia de la Generalitat, según un auto notificado este martes.
La magistrada toma esta decisión tras una petición de la acusación popular que ejerce en la causa la asociación Acció Cultural del País Valencià (ACPV) y después de que este diario divulgara el número de fallecidos dependientes de la Generalitat.
En su batería de pesquisas, la jueza pide a la Vicepresidencia del Consell, que dirige la número dos de Mazón, Susana Camarero, documentos clave para aclarar estas muertes. La instructora requiere la lista de los fallecidos, el expediente de licitación con la empresa que gestiona la teleasistencia, los protocolos de actuación en una catástrofe natural y las órdenes que se dieron desde Vicepresidencia a la adjudicataria para planificar la tromba de 2024. También, pregunta si el departamento de Camarero consultó a la Agencia Española de Meteorología (Aemet) después de que este organismo estatal decretara a las 7.36 horas del 29 de octubre del pasado año la alerta roja por fuertes lluvias, la máxima en la escala.
Reclama la jueza esta documentación a la Diputación de Valencia y al Ayuntamiento de la capital –ambos controlados por el PP- sobre los servicios de teleasistencia que gestionan conjuntamente con la Generalitat. Y a la Aemet las consultas que recibió desde la Vicepresidencia sobre la mortífera dana los días 28 y 29 de 2024, “especificando, a ser posible, quiénes efectuaron la consulta y quiénes respondieron”.
La magistrada todavía no da luz vede a solicitar otra de las pruebas que requería la acusación popular de Acció Cultural para aclarar las muertes de dependientes de la Generalitat durante la dana: las grabaciones. Justifica la instructora que sólo puede reclamar los audios que se piden –las conversaciones telefónicas con Vicepresidencia y la Aemet del día de la riada- con la autorización de los participantes. Y abre la puerta a, en un futuro, a requerir las grabaciones del servicio de teleasistencia de los 37 fallecidos si lo aprueban sus familiares.
La información de que la inundación de 2024 dejó 37 fallecidos –el 16% del total- dependientes conectados a teleasistencia de la Generalitat surge de una respuesta de la vicepresidenta al grupo socialista en Les Corts conocida el pasado jueves. La dirigente, mano derecha de Mazón, ya se situó en el epicentro de la controversia por su gestión de la tragedia después que se conociera que abandonó el Cecopi –el organismo de la Generalitat que coordinó la crisis- para asistir a una entrega de premios.
No a imputar al presidente de la CHJ
La jueza también ha rechazado este martes, de nuevo, la petición de una acusación popular de que declare como investigado el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. Durante las ocho horas que este dirigente compareció como testigo en el juzgado el pasado 19 de septiembre, relató un ambiente de caos y falta de previsión en la gestión de la crisis de la Generalitat.
Para descartar esta imputación, la magistrada niega la teoría aireada por la Generalitat y el PP del supuesto “apagón informativo” de la CHJ. O, lo que es lo mismo, que este organismo estatal ocultó información clave de la tragedia y, por eso, la Generalitat no actuó con eficiencia en la tromba.
“El único y real apagón informativo es el que se calificó en el Cecopi como periodo de trabajo exclusivamente presencial, o tiempo de reflexión. Todavía no se ha dado una explicación racional sobre unas desconexiones de las que obviamente no salía nada productivo”, carga la magistrada. La instructora se refiere así a las tres veces que fueron desconectados de la reunión del Cecopi los participantes que entraron por videoconferencia. El presidente de la CHJ o la delegada del Gobierno, la socialista Pilar Bernabé, recurrieron a esta modalidad.
Expone la magistrada que la Confederación era una fuente más para informar sobre la gravedad de la dana. Y que los responsables de la Generalitat tenían a su alcance otros recursos para conocer la gravedad de la tempestad, como las previsiones de la Aemet, que ocho días antes vislumbró la tromba; el 112, el servicio telefónico de la Generalitat; o los medios de comunicación. Recuerda también que Polo defendió a las 17.30 horas el envío de un mensaje masivo a móviles. “Resulta completamente absurda la contumaz insistencia en la atribución de responsabilidad a la CHJ, a la Aemet, e, incluso, a la delegada del Gobierno”, apunta la instructora.
Prisa a À Punt por el vídeo de la discordia
La instructora también mete prisa a la televisión pública valenciana À Punt para que entregue las imágenes que grabó el día de la dana en el Cecopi y que fueron divulgadas recientemente por RTVE. En ellas, aparecía la exconsejera de Justicia e Interior, la imputada Salomé Pradas, dando instrucciones sobre el envío del Es alert, el aviso masivo a móviles que se remitió para informar a la población de la magnitud de la tragedia. El vídeo desmonta parte de la defensa de Pradas que, cuando compareció en abril en el juzgado como investigada, negó haber participado en la gestión de esta notificación que, para la jueza, es clave. La instructora sostiene que, si se hubiera enviado antes, se habría reducido el número de muertos.
La televisión pública asegura que el vídeo solicitado ya fue enviado al juzgado. “À Punt cumplió de forma puntual y rigurosa con el requerimiento judicial el pasado viernes 26 de septiembre, tal y como se acredita mediante el escrito presentado ante el juzgado (adjunto con sello de entrada), que incluía un disco duro con copia íntegra de las grabaciones solicitadas”, asegura la cadena en un comunicado.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación.
