Meritxell Serret, actual diputada de ERC en el Parlament, se sentará en el banquillo de los acusados, acusada de desobediencia, por su papel en el desafío independentista del otoño de 2017 en Cataluña, cuando era consejera de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación del gobierno de Carles Puigdemont. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha dictado el auto de apertura de juicio oral, aunque remite la causa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña para que celebre la vista.
La exconsejera
Solo será juzgada por desobediencia (un delito que no lleva aparejadas penas de cárcel) porque ni la Fiscalía, ni la Abogacía del Estado ni Vox, que ejerce la acusación popular, han pedido finalmente que se la enjuicie por malversación, tal y como intentó inicialmente el instructor de la causa del procés en el alto tribunal, Pablo Llarena. Meritxell Serret es uno de los cuatro consejeros que huyeron con Puigdemont y se instalaron en Bélgica a finales de octubre de 2017, y la única de ellos que regresó más adelante y se entregó en el Supremo.
El Supremo recuerda en una nota que las partes solicitaron que se confirmara el auto de Llarena de conclusión del sumario, del 6 de mayo del año pasado, y que se abriera juicio oral “únicamente por un delito de desobediencia”. Así, recuerda el tribunal, “por aplicación estricta del principio acusatorio, [el juicio] es exclusivamente por el delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal, “como han solicitado todas las partes personadas”, ya que el tribunal, argumenta, “no puede abrir juicio oral por otros delitos sin petición expresa de alguna de ellas (…)”.
La causa, por tanto, pasa al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, el órgano competente para juzgar por el delito de desobediencia, dada la condición de diputada autonómica de Serret y “en coherencia con el criterio de la Sala al resolver los artículos de previo pronunciamiento planteados en la causa del proces por otros acusados”.
Serret huyó de España en noviembre de 2017 y se instaló en Bélgica, a donde viajó junto a Carles Puigddemont y otros miembros de su Govern tras el referéndum ilegal del 1-O y la fallida declaración unilateral de independencia. El 11 de marzo del año pasado se entregó en el Supremo. Hasta ese momento la exconsejera había estado procesada en rebeldía en la causa del procés por malversación y desobediencia, pero el primero de los delitos, la malversación, ya tenía visos de decaer, porque a lo largo del juicio celebrado en el Supremo en 2019 contra los líderes independentistas que se quedaron en España no se había constatado que su departamento realizara pagos concretos por la organización del referéndum del 1-O.
El propio juez Llarena escribió en marzo de 2021, en el auto para acordar la libertad de la exconsejera tras su entrega, que el único delito del que existían indicios contra Serret era el de desobediencia, castigado con multa y un máximo de dos años de inhabilitación para empleo o cargo público. La política de ERC negó la malversación en su declaración ante el juez, porque aseguró que su departamento no asumió ningún gasto relacionado con el referéndum ilegal del 1-O. Respecto al delito de desobediencia, sí admitió que recibió varios requerimientos del Tribunal Constitucional, a pesar de los cuales avaló como miembro del Govern la convocatoria del referéndum y las leyes de ruptura.
Informacion.center origen Informacion.center.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación.
