La semanas precedentes con cuatro ordenes de aprehensión, múltiples modificaciones a las medidas cautelares de prisión preventiva y una carpeta de investigación perdida es el resultado del proceso en contra del fiscal general del estado de Morelos Uriel Carmona Gándara
Diversos actores nacionales e internacionales han denunciado presuntas violaciones al debido proceso relacionadas con la investigación del fiscal Uriel Carmona Gándara. Incluso ya se está usando el término “rosarioblazo” para describir la similitud del caso en alusión a los actos realizados contra Rosario Robles.
En concreto, las observaciones se centran en la estructura de la protección que brinda el fuero y su papel como mecanismo de control intergubernamental en México, poner bajo “prisión preventiva” a un procurador de justicia podria ser una medida sin precedentes en México que de acuerdo con los especialistas en materia legal, vislumbra la conversión del país en un estado sin certidumbre ni protecciones legales para sus ciudadanos.
“El fuero es un mecanismo esencial de la democracia, y sin él, no hay control del alcance de las autoridades, así como protección para aquellos que realizan tareas de investigación intergubernamental, ya sea de izquierda o derecha.”
Uno de los abogados del fiscal, Rodrigo Ugalde afirmó que había “ilegalidades” en su detención, ya que el funcionario logró interponer un amparo ante un juez de Morelos en contra de cualquier intento de las autoridades de privarlo de la libertad o de catear su domicilio, el cual presuntamente no fue respetado. Por su parte la Fiscalía de CDMX explicó que Carmona “entorpeció” la procuración de justicia, al emitir una serie de manifestaciones públicas “en forma falsa y maliciosa”.
A primera vista el proceso estaba plagado de anomalías, supuestas conversaciones de WhatsApp “filtradas” por sinembargo.mx y el diario elindependiente.com.mx habían resultado ser falsas como lo corroboró información a la que nuestra redacción tuvo acceso.
Reynaldo Manuel Reyes Ríos, uno de los tres magistrados del Décimo Tribunal Colegiado del Primer Circuito Judicial con sede en la Ciudad de México, indicó que el juez dejó de lado otras medidas cautelares que, aunque en apariencia respetan el debido proceso, vulneran los derechos del quejoso, el fiscal Carmona Gándara.
Por su parte, Gabriel Regino, uno de los abogados de la defensa de Carmona, calificó la detención de su cliente como un “secuestro político“ perpetrado por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. A pesar de contar con fuero y de que un tribunal colegiado haya ordenado su liberación inmediata, la dependencia capitalina “solicitó una nueva orden de aprehensión que fue otorgada en 14 minutos. No hay precedente en la historia penal de la ciudad en la que una orden de aprehensión se haya librado en tan poco tiempo”, aseveró el abogado.
La Fiscalía por su parte señaló que los magistrados Elisa Macrina Álvarez, Reynaldo Reyes y Carlos López ordenaron de forma ‘extrañamente expedita y contradictoria’ que el fiscal recuperara su libertad de inmediato.
Agotando los recursos nacionales, la defensa del fiscal tendría que invocar varias instancias y mecanismos internacionales que actuarían fuera del marco político mexicano pudiendo hacer el proceso mas imparcial.
- Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH): La CIDH puede recibir denuncias individuales o casos de violaciones y analizar si se han agotado los recursos internos en el país. Si se considera que no se ha obtenido justicia a nivel nacional, la CIDH puede llevar el caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sin embargo cabe recordar que fue en su momento baleada la Comisión de Derechos Humanos del estado de Morelos posterior a la detención del fiscal.
- Corte Interamericana de Derechos Humanos: Esta corte puede conocer casos individuales o de violaciones sistemáticas del sistema legal mexicano. Si se ha agotado el sistema de justicia nacional y la Corte encuentra que se han violado los derechos del fiscal podrían emitir sentencias vinculantes y ordenar reparaciones.
- Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas: Si el caso involucra violaciones de derechos civiles y políticos, el Comité de Derechos Humanos, encargado de supervisar el cumplimiento del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, puede recibir comunicaciones individuales de personas que alegan violaciones a sus derechos como es este caso.
- Relator Especial de la ONU: Varios relatores especiales de las Naciones Unidas se enfocan en temas específicos de violación de derechos, en específico la violación al derecho en México puede ser denunciada y este organismo puede abordarlas a nivel internacional.
- Tribunal Penal Internacional (TPI): En casos de violaciones graves del derecho internacional humanitario, el TPI puede intervenir. Sin embargo, es importante destacar que el TPI se ocupa de crímenes internacionales más graves, como genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra pero por la relevancia del caso, sería posible invocarlo.
Sin embargo, a pesar de contar con fuero y de que un tribunal colegiado ordenó su liberación inmediata en tres ocasiones, no ha salido de prision por los nuevos procesos que se le imputan. Esto segun las fuentes, ha generado preocupación sobre el debido proceso en México y los derechos de todos los ciudadanos, sin importar su afiliación política.
