“Alguien vino a quemar la casa de los aislados. El bosque es una casa que protege, que da vida, que da alimentos, da agua”, afirma Aquino Picanerai, indígena ayoreo y líder de la comunidad Campo Loro en el norte de Paraguay. Los ayoreo, que llevan años pleiteando con los gobiernos para que les reconozcan oficialmente sus tierras ancestrales, habitan en la región del Gran Chaco paraguayo y boliviano, y una parte de sus numerosos subgrupos permanecen hasta hoy en situación de aislamiento voluntario. En América Latina existen registros de 185 pueblos indígenas en tal situación (PIAs), 66 de ellos confirmados, según Land is Life. Esta organización alerta de la gran amenaza que suponen los incendios para la supervivencia de los PIAs, en el recién lanzado Informe Trinacional: Incendios y Deforestación en Territorios con Registros de Pueblos Indígenas aislados en Bolivia, Brasil y Paraguay.
La destrucción de los territorios donde viven puede abocarlos a una escasez de alimentos y otros recursos básicos, y a situaciones de contactos forzados con otras poblaciones o con los equipos anti incendios. Esto puede desencadenar, además, la transmisión de enfermedades para las que no tienen inmunidad desarrollada, entre ellas la covid-19. Y las partículas microscópicas suspensas en el humo pueden penetrar en los pulmones. “Esto provoca un proceso inflamatorio, un efecto sistémico, dolor de cabeza, dolor en el cuerpo, una infección respiratoria”, explica la epidemiologista Sandra Hacon, de la Fundación Oswaldo Cruz (Fiocruz) de Brasil, en una investigación recién publicada por el Instituto Socioambiental (ISA). El estudio demuestra que hubo ya un aumento de 25% de los ingresos hospitalarios de indígenas con problemas respiratorios en agosto de 2019 como consecuencia del elevado número de incendios en los municipios amazónicos brasileños. Estos agravantes de salud podrían ser fatales para los pueblos en aislamiento.
“Nuestros hermanos ayoreo en aislamiento voluntario no tienen un lugar fijo para vivir, ellos tienen que moverse en los bosques para poder sobrevivir. Si salen también van a acabar como nosotros que estamos sufriendo mucho”, afirma Picanerai, quien denuncia la ausencia de ayuda del gobierno paraguayo ante la escasez de agua, alimento y trabajo en que vive actualmente su comunidad por el largo periodo de sequía que comenzó en enero y al que se le sumaron la crisis provocada por la pandemia y los estragos ocasionados por los incendios de 2019. Según los ancianos ayoreo, esas áreas quemadas en el Chaco paraguayo tardarán entre 60 y 70 años en regenerarse y estiman que sus hermanos en situación de aislamiento podrían demorar décadas en volver a las inmediaciones de las tierras afectadas donde antes habitaban.
La expansión agropecuaria, el principal detonante
En 2019, Land is Life registró el mayor índice de incendios ilegales en las zonas con presencia de pueblos indígenas en aislamiento, un total de 36.034 focos. El balance de los fuegos descontrolados en la Amazonía, Cerrado, Chiquitanía y Gran Chaco de 2019 fue especialmente dramático entre agosto y septiembre, dos de los meses más secos en el cono sur latinoamericano. Este es el momento del año en el que se suele provocar el mayor número de fuegos intencionados para limpiar terrenos con fines agropecuarios y muchos afectan, criminalmente, a tierras indígenas o áreas naturales protegidas donde suelen vivir los PIAs. Actualmente en Brasil hay más de 160.000 activos en 84 áreas protegidas; en Bolivia afectan a 41 áreas naturales reservadas, y en Paraguay a 12, según datos satélite del Instituto de Investigaciones Espaciales (INPE) a 30 de septiembre.
En lo que va de año, el total de focos de incendios en Brasil ha aumentado 11% en relación al mismo periodo de 2019, en Paraguay 63% y en Bolivia se han reducido 40%, de acuerdo al INPE. Una de las regiones actualmente más amenazadas es el Pantanal de Brasil, considerado el mayor humedal del mundo y reconocido como Patrimonio Natural Mundial por la UNESCO, donde el fuego ha destruido el 23% de la extensión total del bioma durante dos meses de incendios continuados, de acuerdo con los datos del 27 de septiembre del Laboratorio de Aplicaciones de Satélites Ambientais (LASA) de la Universidad Federal de Río de Janeiro.
El área quemada corresponde a 3,4 millones de hectáreas, lo que equivale a más de la mitad de la extensión de un país como Suiza que tiene 4,1 millones. Este es el mayor récord registrado en este bioma húmedo, una situación extremadamente crítica para las poblaciones urbanas y rurales, así como para los habitantes indígenas y para los animales, lo que ha llevado a los gobiernos estatales de la región a decretar el estado de emergencia. En el Pantanal los incendios se han multiplicado en 201% en relación al año pasado y 13% en el bioma de la Amazonia.
Si bien existen prácticas agrícolas tradicionales de quemas de vegetación a pequeña escala, los incendios a mayor escala son resultado de acciones criminales para el acaparamiento de tierras tanto en la Amazonia como en el Cerrado brasileño, Pantanal y Gran Chaco. “El común denominador en el origen del incremento de los fuegos forestales es la acción humana, impulsada por situaciones tales como prácticas expansivas de los agronegocios y de las industrias extractivas. Esto, aunado a la falta de marcos regulatorios efectivos para la protección de los pueblos indígenas aislados, hace que la situación de estos sea cada vez más precaria”, afirma el informe trinacional.
La constante huída de los pueblos indígenas aislados
Los grupos en aislamiento voluntario son pueblos o segmentos de pueblos indígenas que no mantienen contactos regulares con la población mayoritaria y que además suelen rehuir todo tipo de contacto con personas ajenas a su grupo, según define el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Para ellos, añade la organización, el aislamiento no ha sido una opción voluntaria sino una estrategia de supervivencia. “Viven en constante migración como modo de defensa, esto se debe a los traumáticos contactos que tuvieron previamente y que los llevaron a aislarse”, explica Antenor Vaz investigador especializado en pueblos indígenas en aislamiento y autor principal del informe sobre incendios y PIAs para Land is Life.
Estas poblaciones dependen íntegramente del conocimiento del entorno que tradicionalmente han habitado pero actualmente están expuestas a “una situación de fuga permanente y desesperación”, según cita el informe que achaca las responsabilidades al actual modelo económico. Entre las principales presiones que sufren los PIAs figuran la construcción de carreteras e hidroelétricas, extracciones ilegales de madera o minerales, narcotráficantes o guerrilleros que se esconden en los bosques y selvas, destrucción directa de los territorios donde viven por deforestación e incendios, así como el recuerdo de epidemias pasadas.
“Si hoy la sociedad mundial está sintiendo lo que significa aislamiento voluntario por miedo a contagiarse del coronavirus, la mayoría de los PIAs viven en tal situación desde hace siglos por el miedo constante a morir de cualquier enfermedad externa o a recibir un tiro de un traficante o un maderero que invade sus territorios”, relata Vaz, poniendo el foco sobre la presión psicológica a la que están sometidos. Según añade, algunos grupos pueden incluso optar, en situaciones de amenaza, por evitar hasta los embarazos ya que el llanto de los bebés podría alertar a los invasores.
Debilidad de las instituciones que protegen a los indígenas
Estos pueblos tienen el derecho de permanecer aislados tal y como recoge la declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos (OEA) y la Convención 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). Asimismo, cabe a los Estados la responsabilidad de implementar políticas públicas que eviten el contacto forzado, garanticen su aislamiento voluntario y defiendan sus derechos fundamentales, según las recomendaciones específicas de estos organismos. No obstante, una de las principales causas de su vulnerabilidad es la “debilidad de las instituciones estatales encargadas de su protección”, según cita el informe de Land is Life.
En Paraguay, donde viven en islas rodeadas por latifundios agropecuarios, no existen un marco jurídico específico en la Constitución para su reconocimiento oficial. Bolivia cuenta con el artículo 31 de la Constitución, que visa proteger los PIAs, pero generalmente no se lleva a la práctica. “Esto es solo teoría, en la realidad de los hechos las políticas extractivistas tanto del gobierno de Evo Morales como del gobierno transitorio de Jeanine Añez, son contrarias a ese mandato constitucional”, declara Ruth Alipaz, líder indígena y miembro de la Coordinadora Nacional de Territorios Indígenas originarios campesinos y áreas protegidas (CONTIOCAP) de la Amazonía boliviana. “Sus leyes favorecen a empresas transnacionales (…) han puesto en riesgo a todos los pueblos indígenas en Bolivia y, de forma más grave y etnocida, a los pueblos en aislamiento voluntario”, añade Alipaz.
Aunque Brasil cuenta un marco constitucional que reconoce sus derechos, así como con instituciones específicas y políticas públicas para su protección que eran un ejemplo para la región, estas se encuentra actualmente amenazadas por el actual gobierno de Jair Bolsonaro. En febrero, Bolsonaro nombró como coordinador general del sector de Indios Aislados y de Reciente Contacto de la Fundación Nacional del Indio (FUNAI) a Ricardo Lopes Dias, antropólogo, misionero y teólogo, que participó durante una década en misiones de evangelización en la Amazonía brasileña promovidas por Misión Nuevas Tribus. Esta organización estadounidense, que fue recientemente rebautizada como Ethnos360, pretende llegar hasta las comunidades más remotas y posee un histórico conturbado de contactos forzados con pueblos en aislamiento voluntario de toda América Latina, incluyendo los ayoreo.
La omisión de la responsabilidad gubernamental tanto en la protección de los PIAs como en el control de los incendios puede ser fatal para los indígenas en situación de aislamiento. “Existen suficientes pruebas y material ya elaborado para que los Estados tomen providencias, si no lo hacen estarán siendo responsables de la muerte parcial o total de estos pueblos”, declara Vaz, que considera que la presión económica internacional es la única alternativa para que los gobiernos de Brasil, Bolivia y Paraguay tomen medidas concretas para evitar lo que él califica como una “amenaza de genocidio”.
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Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación.
