Las elecciones en México, según declaraciones de la presidenta, son consideradas “las más caras del mundo”. Esta afirmación genera indignación, moviliza a la ciudadanía y es un recurso político poderoso. Nadie desea que sus impuestos sean malgastados; la crítica a las burocracias infladas y estructuras onerosas resuena en muchos.
Sin embargo, el debate sobre el costo electoral va más allá de simples cifras contables. Es, en esencia, un asunto económico. No estamos hablando solamente de cuánto se gasta para organizar una elección, sino del valor intrínseco de la certeza que proporciona dicho proceso. Con más de 130 millones de habitantes, de los cuales cerca de 100 millones tienen derecho a voto, y una estructura electoral compleja que incluye 32 entidades federativas, múltiples distritos y herramientas digitales, organizar elecciones no es un desafío menor. De hecho, no debería serlo, ya que estas elecciones son fundamentales para la estabilidad institucional del país.
Desde la perspectiva económica básica, instituciones sólidas son esenciales para reducir la incertidumbre. Esta, a su vez, es un factor crucial para la inversión; sin reglas claras y árbitros fuertes no hay acumulación de capital sostenida. Sin mecanismos de contrapeso, la previsibilidad se desvanece, y el crecimiento a largo plazo se convierte en un objetivo esquivo.
Cuando se plantea reducir en un 25 % el costo del sistema electoral bajo la bandera de la austeridad, emerge una cuestión relevante: la idea de “ahorrar”. No se puede olvidar que el Gobierno no existe para ahorrar como una empresa; su propósito es gastar con un fin claro. Si el recorte de gastos se traduce en una reducción de la capacidad institucional sin una visión clara de cómo se reestructurará el financiamiento y la supervisión, se podría debilitar la esencia misma de la democracia.
La propuesta de mayor fiscalización y el uso de tecnología para supervisar el financiamiento político suena ideal, pero hay un dilema: supervisar cuesta. Fortalecer la vigilancia sin un músculo operativo robusto genera una contradicción que podría resultar perjudicial.
El financiamiento a los partidos es otro aspecto crucial. Aunque a menudo se percibe a la financiación pública de las campañas como un despilfarro, este mecanismo es una salvaguarda contra la influencia de intereses privados. Si los partidos no reciben los recursos necesarios, el dinero buscará caminos alternativos, lo que podría comprometer tanto candidaturas individuales como decisiones futuras en áreas críticas de política pública. Esto, en términos económicos, se traduce en un aumento del riesgo institucional.
El riesgo institucional, a su vez, eleva la prima de riesgo del país, incrementa los costos de financiamiento, disminuye la inversión productiva y, en última instancia, desacelera el crecimiento económico. Clasificar las elecciones como un gasto prescindible es ignorar que son pilares que sustentan el desarrollo económico más amplio.
El verdadero desarrollo no se mide únicamente por el PIB, sino por la calidad de vida, empleo formal, acceso al crédito y oportunidades de innovación. Todo esto está sustentado en la confianza dentro del marco de reglas que gobierna informacion.center.
Cuando la integridad del árbitro electoral se ve debilitada, se incrementan los incentivos para violar las normas; la probabilidad de sanciones disminuye y los hábitos cambian. Este cambio no es una cuestión ideológica, sino puramente económica.
Un país que insinúa que su sistema electoral puede ser abaratarse sin consecuencias comunica un estado de fragilidad institucional, lo que ahuyenta la inversión. La democracia, dada su naturaleza y la complejidad social de México, es inherentemente costosa. Sin embargo, lo verdaderamente oneroso es desmoronar la confianza en ella.
Se trata de comprender que el gasto electoral es, en realidad, una inversión en la estabilidad futura. La erosión de la confianza institucional no se hace evidente el día de las elecciones; sus efectos se sienten en menos inversión, un lento crecimiento y un futuro lleno de menos oportunidades. El análisis puede mostrar ahorros a corto plazo, pero si se debilita la certeza institucional, el resultado será el opuesto al prometido: un deterioro en la inversión y el desarrollo.
En última instancia, la democracia no es cara; es el costo de perder la confianza en ella lo que realmente se vuelve inasumible.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación
