La Audiencia de Madrid ha ordenado reabrir la línea de investigación del caso Neurona sobre el presunto desvío de dinero de la caja de solidaridad de Podemos, un fondo al que los cargos públicos donan parte de su sueldo para fines sociales y que la oposición calificó como “caja b”. El tribunal rectifica así al juez instructor Juan José Escalonilla, que decidió archivar esta parte de las pesquisas al no encontrar indicios de administración desleal. Según José Manuel Calvente, el abogado de la formación que denunció presuntas irregularidades en la fuerza política y que dio origen a esta macrocausa, se utilizaron 50.000 euros de ese fondo para pagar a miembros de Podemos.
“Lo cierto es que, una vez practicadas las gestiones acordadas, su resultado ha venido a confirmar la existencia de indicios de la posible comisión de delito”, explica la terna de magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid en un auto dictado el pasado 16 de febrero, donde admiten los recursos presentados por dos acusaciones populares personadas en el proceso: la formación de extrema derecha Vox y la Asociación de Juristas Europeos Pro Lege. Según añaden los jueces, se ha constatado que la asociación #404 Comunicación Popular solicitó 50.000 euros de la caja de solidaridad y que Podemos le transfirió 30.000. También, continúa la resolución, que “parte de las personas que forman parte de dicho [colectivo] son miembros del partido”. “Por otra parte, Podemos no ha facilitado información sobre si concedió la cantidad de 50.000 euros”, apostilla el fallo.
Con ese contexto como telón de fondo y en contra del criterio del juez Escalonilla, la Audiencia considera “razonable pensar que concurre una vinculación subjetiva encubierta entre esa asociación y Podemos, que se pudiera haber utilizado […] para operar al margen de la actividad inspectora del Tribunal de Cuentas, en beneficio de algunos y con perjuicio del resto de los miembros de Podemos y de los fines sociales a los que debieran dedicarse los fondos”. Y concluye: “Resta por conocer el destino de esas cantidades, así como, en su caso, las personas que autorizaron la disposición del dinero y los beneficiarios finales, cuestiones necesarias para la determinación de la eventual existencia del delito y de sus autores”. Esta línea de la investigación salpica al diputado Rafael Mayoral, que nunca ha sido imputado, por la gestión de la denominada caja de solidaridad.
Escalonilla argumentó, en cambio, que no existe “ningún indicio” de que #404 Comunicación Popular destinara el dinero que recibió de Podemos a fines distintos a los que se dedica —“comunicar iniciativas del movimiento popular y defensa de los Derechos Humanos”, según su acta fundacional—. Y, además, recalcó que “no resulta anómalo” que los fondos de la caja de solidaridad se destinen a fundaciones o movimientos cercanos al partido”.
Con esta decisión de la Audiencia Provincial, Podemos recibe el segundo varapalo en el caso Neurona en apenas una semana. Escalonilla decidió también el pasado 16 de febrero imputar a Juan Carlos Monedero, cofundador del partido, por cobrar de la consultora mexicana Neurona un total de 26.200 euros que, según su teoría, fue una contraprestación a cambio de que se contratase después a la empresa para las elecciones generales de abril de 2019. Fuentes de la formación, que acusa al magistrado de abrirles una “causa general”, afirman que “en los procesos contra Podemos nada sorprende”: “Se ven cosas que difícilmente se verían con otro investigado”.
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