La Audiencia Nacional ha puesto fecha para el comienzo del juicio por presunta corrupción a Francisco Camps, expresidente de la Comunidad Valenciana y exlíder del PP en esa región. Será en enero de 2023, y coincidirá con la precampaña de las elecciones municipales y autonómicas de ese año. Camps quiere concurrir a esos comicios como candidato a la alcaldía de Valencia, pero para ello necesita primero recabar el apoyo de su partido. Este jueves, el exmandatario convocó a los medios en las inmediaciones del antiguo circuito de Fórmula 1 —actualmente abandonado, pero símbolo del dispendio que marcó su etapa de gobierno— para criticar las políticas del Ayuntamiento de Valencia, en poder de la izquierda. “Creo que quieren acabar con una señal de lo que fue el esplendor de la ciudad”, afirmó.
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional
emitía ese mismo día un escrito en el que fija el calendario previsto para la vista contra Camps, que afronta una petición de la Fiscalía de dos años y medio de cárcel por prevaricación y fraude en una de las ramas del caso Gürtel. El tribunal ha establecido una intensa agenda, que arranca a las 10.00 del 17 de enero de 2023 en la sede del órgano judicial en San Fernando de Henares (Madrid). El juicio se prolongará a lo largo de 59 sesiones, que se extenderán hasta el 23 de mayo, coincidiendo así con el periodo previsto para la precampaña y campaña de las elecciones municipales y autonómicas del próximo año —estas no están aún convocadas pero, en 2019, los comicios a las Cortes valencianas se celebraron el 28 de abril; y los locales, el 26 de mayo—.
Estas fechas suponen un verdadero calvario
Para los populares valencianos, que llevan años tratando de dejar atrás el pasado de corrupción de la etapa de Camps al frente de la Generalitat valenciana y del PP autonómico; un legado ya acreditado en varias sentencias en las que, sin embargo, él no ha sido condenado hasta la fecha. “Cuando un comportamiento corrupto se mete en un partido de Gobierno, a quien más daña es, además de al ciudadano, al partido al que ha engañado”, esquivaba el asunto Carlos Mazón, actual líder del partido en la comunidad, en una entrevista con informacion.center en diciembre de 2021. Pero la formación verá cómo, en plena carrera hacia las urnas, regresarán a primer plano los escándalos y vínculos del PP con la trama Gürtel.
En este caso, el juicio que sentará a Camps en el banquillo se centra en los contratos que la Generalitat valenciana otorgó para la feria de Turismo de 2009 a Orange Market, una de las empresas del líder de la trama, Francisco Correa. Según el juez instructor, la red corrupta había constituido un “holding dedicado principalmente a la organización de eventos, entre los que se encontraban gran parte de los que realizaba el PP”: “La razón: las buenas perspectivas de negocio derivadas de las buenas relaciones que estas personas tenían con diversos responsables políticos del PP”. De hecho, según el magistrado, el entonces presidente maniobró personalmente para adjudicar de forma irregular un contrato en 2009 y favorecer así a Correa, “como venía haciendo desde 2005”.
No solo se encuentra acusado Camps en esta derivada del caso Gürtel. Otros 27 procesados lo acompañarán en el juicio, entre los que destacan tres exconsejeros de los Gobiernos populares.
Vuelta a la primera línea política
Camps lleva meses tratando de regresar a la primera línea política, pese a que tiene pendiente este juicio. Aunque no ha encontrado hasta ahora el apoyo de la cúpula del PP nacional y valenciano, él se postula como candidato al Ayuntamiento. “Ahora con la experiencia de 30 años de dirigente político, de 10 de presidente de la Generalitat, creo que podría aportar mucho al partido y a mi ciudad recuperando la alcaldía de Valencia”, dijo la pasada semana en una entrevista en La Razón, donde se volvió a presentar como víctima de una campaña de la izquierda y eludió los escándalos de corrupción de su etapa.
Los tribunales ya han dado por probado, por ejemplo, que la Generalitat que él encabezaba “manipuló” contratos públicos en favor de Gürtel o que el PP que lideró también se financió de forma “irregular” con el “propósito de obtener mayor despliegue” en las campañas de 2007 y 2008. Entre los cargos condenados ya en otros juicios se encuentran su secretario general, Ricardo Costa; vicepresidente Víctor Campos —otro de sus vicepresidentes, Juan Cotino, murió en pleno juicio contra él—; su gerente regional, Cristina Ibáñez; su secretario general del grupo parlamentario, David Serra; su tesorera, Yolanda García; su consejera y presidenta de la Cámara autonómica, Milagrosa Martínez; su consejero Rafael Blasco; o su director de Radio Televisión Valenciana, Pedro García Gimeno.
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