#INE #PlanB | El Juzgado Sexto de Distrito en materia administrativa ha concedido una suspensión provisional que tiene un impacto directo en la titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los organismos públicos locales del Instituto Nacional Electoral (INE), y también detiene los cambios aprobados en el plan B en materia electoral. La suspensión ha sido otorgada porque no se ha demostrado que la desaparición del puesto o la separación de la titular de la unidad estén justificadas.
El juez ha señalado que la reforma no ha tenido en cuenta la carga de trabajo de la unidad ni ha evaluado si hay duplicidad en alguna de sus áreas. Además, ha destacado que no hay razones contundentes que justifiquen la eliminación del puesto de la titular ni su separación del cargo. Con esta decisión, el juez ha reconocido la importancia de proteger los derechos laborales de la titular de la unidad y ha demostrado que la justicia puede ser un poder contrapeso ante posibles abusos de poder.
Es importante destacar que la suspensión provisional concedida por el juez no implica una resolución definitiva. La suspensión tiene como objetivo proteger los derechos de la titular de la unidad hasta que se resuelva el caso de manera definitiva. En cualquier caso, la decisión del juez es una señal importante en cuanto a la protección de los derechos laborales de los trabajadores y la necesidad de que los cambios institucionales se hagan de manera responsable y justificada.
En resumen, la decisión del Juzgado Sexto de Distrito en materia administrativa de conceder una suspensión provisional en el caso de la titular de la Unidad Técnica de Vinculación con los organismos públicos locales del INE es una medida importante para proteger los derechos laborales de la trabajadora. El juez ha destacado que los cambios aprobados en la reforma electoral no han evaluado la carga de trabajo de la unidad ni han demostrado que la desaparición del puesto de la titular ni su separación del cargo estén justificadas. La suspensión provisional tiene como objetivo proteger los derechos de la trabajadora hasta que se resuelva el caso de manera definitiva.
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