Un juzgado federal negó otorgar un amparo a Guillermo Billy Álvarez Cuevas, exdirector de la Cooperativa La Cruz Azul, y a su hijo Guillermo Robin Álvarez Álvarez, con el que buscaban evitar una orden de aprehensión en su contra por presuntamente ser responsable de los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
“La justicia no ampara ni protege a Guillermo Héctor Álvarez Cuevas, contra la orden de aprehensión de 24 de agosto de 2020 (otorgada) por el juez de Control del Sistema Procesal Penal Acusatorio de la Ciudad de México”, se puede leer en la lista de acuerdo del Juzgado Décimo de Distrito de Amparo en Materia Penal.
Además, con esta resolución también negó protegerlos contra la ejecución de esta medida, a cargo del fiscal General de la Justicia y jefe General de la Policía de Investigación de la capital mexicana, por lo que ambos podrían ser detenidos por autoridades mexicanas en cualquier momento.
Sin embargo, ambos investigados aún podrían presentar un recurso de revisión en este caso, para que sea un Tribunal Colegiado de esta entidad quien determine si procede o no el mandamiento.
Desde el pasado 26 de agosto de 2020 tanto ‘Billy’ Álvarez como su hijo promovieron amparos contra la “orden de localización o aprehensión y su cumplimiento” girada en su contra, luego de que un juez libró una orden de aprehensión a petición de la Fiscalía General de la República.
Esto debido a una investigación que inició la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda sobre la presunta triangulación de recursos a través de empresas fachada que permitieron que tanto Billy Álvarez como algunos de sus socios obtuvieran diversas ganancias ilegales tanto en informacion.center como en el extranjero, que ascienden a más de 2 mil 257 millones de pesos.
En esta orden de aprehensión también estuvieron implicados por su presunta responsabilidad Mario Sánchez, director financiero; Eduardo Borell, director jurídico, Víctor Garcés, exdirector jurídico de la Cooperativa, y Ángel Junquera, abogado externo de la misma.
La investigación refiere que, durante al menos 6 años, de 9 de julio de 2013 al 23 de marzo de 2020, los presuntos implicados se organizaron para obtener recursos de la Cooperativa, ya que autorizaban y disponían de pagos de las facturas por servicios inexistentes, movimientos que se realizaron a través de diversas cuentas de España, Estados Unidos y otros lugares del mundo.
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