Autoridades del penal de máxima seguridad del Altiplano, en el Estado de México, deberán suministrar medicamentos y resguardar la estabilidad y bienestar físico del expresidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), Gerardo N, quien se queja de que no se le permite el ingreso de medicamentos a su celda.
El exrector público, se encuentra sujeto a proceso penal desde el pasado mes de septiembre luego de ser vinculado a proceso por los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita por 58 millones 200 mil pesos y delincuencia organizada.
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Los abogados del Gerardo N, ampliaron la demanda del juicio de amparo que promovió el 28 de diciembre de 2020 y en la que señaló como acto reclamado la omisión de suministrar y permitir acceso de medicamentos.
Este jueves, el secretario en funciones de juez del Juzgado Quinto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México admitió la ampliación y le concedió la suspensión de plano.
La suspensión es para que las autoridades responsables, dentro de sus atribuciones conferidas y conforme a los propios protocolos establecidos para tal efecto, de inmediato brinden la atención médica adecuada, integral y necesaria a Gerardo N, lo anterior de acuerdo a sus padecimientos, atendiendo las particularidades del caso.
De igual forma se especifica que autoridades penitenciarias deben realizar todo aquello que se encuentre a su alcance para procurar la estabilidad y bienestar físico del quejoso.
Abogados del ex presidente del patronato de la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo (UAEH), también solicitaron incluir como prueba un informe del director del penal del Altiplano en el que señale el número de presos que del periodo de marzo de 2020 a enero de 2021 han contraído Covid y la atención medica recibida.
No obstante, el juzgado rechazó la petición, ya que la misma no guarda relación con los actos reclamados.
➡️ Mas información de la fuente.
Gerardo N fue detenido en agosto pasado en la Ciudad de México por agentes de la Fiscalía General de la República (FGR) y es imputado de los delitos de peculado, lavado de dinero y defraudación fiscal, ninguno de los cuales amerita prisión preventiva oficiosa.
El expresidente estaba en la mira desde 2019 cuando la Unidad de Inteligencia Financiera detectó Irregularidades en el manejo financiero del patronato de dicha universidad por lo que congeló más de 220 cuentas bancarias de la institución.
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