Desde 2026, los automovilistas de varios municipios en Jalisco deben tener su verificación vehicular vigente o enfrentar sanciones. Esta medida, estipulada en el Artículo 365 de la Ley de Movilidad estatal, establece que los vehículos que circulen sin este documento serán multados. La implementación de esta normativa responde a un esfuerzo por mejorar la calidad del aire y reducir la contaminación en la región.
Para el año 2026, las sanciones están basadas en el valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), que en febrero de 2026 se valoró en 117.31 pesos diarios. Los infractores se enfrentan a dos rangos de multas: la sanción mínima asciende a 2,346.20 pesos, equivalente a 20 UMAs, mientras que la sanción máxima es de 2,932.75 pesos, correspondientes a 25 UMAs. Además, aquellos que realicen su refrendo vehicular a tiempo podrán beneficiarse de la verificación sin costo, lo que contrasta con los conductores que circulen sin el documento válido, quienes podrían recibir restricciones adicionales sobre las vialidades de los municipios donde esta verificación es obligatoria.
El Gobierno de Jalisco ha delineado claramente las áreas donde este proceso es mandatorio, abarcando zonas metropolitanas y ciudades relevantes del interior del estado. El cumplimiento es fundamental no solo para evitar sanciones económicas, sino también para contribuir al bienestar ambiental. Los automovilistas deben tener en cuenta que los municipios obligados incluyen el Área Metropolitana de Guadalajara, que comprende localidades como Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, así como otras áreas metropolitanas como Ocotlán y Tepatitlán de Morelos.
Es recomendable que todos los conductores residentes o que transiten habitualmente por estas áreas consulten el calendario oficial para someter sus vehículos a verificación en el bimestre correspondiente. La tarifa regular por este trámite es de 500 pesos, aunque aquellos que se presenten fuera de su periodo asignado deberán pagar 550 pesos.
La verificación vehicular no solo juega un papel crucial en la regulación del tránsito, sino que también es una medida esencial para cuidar el medio ambiente y garantizar un aire más limpio para todos. Con el enfoque en la movilidad sostenible, la ley busca que los ciudadanos sean más responsables y estén más informados sobre su impacto ambiental.
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