En una reciente sesión privada del Órgano de Gobierno del Sistema Nacional Anticorrupción, la secretaria Raquel Buenrostro destacó por su segunda comparecencia ante los miembros del comité. Esta reunión, marcada por la ausencia del representante del Consejo de la Judicatura Federal, se centró en la discusión de dos temas críticos: la selección de candidatos para la Secretaría Ejecutiva del SNA y la propuesta de remoción de tres altos mandos, quienes supervisan áreas esenciales como la política pública y la cultura de la integridad.
La presidenta del Comité Coordinador, Vania Pérez Mendoza, llevó a la mesa una terna de candidatos que, sin embargo, fue desechada. La falta de decisión dejó la Secretaría Ejecutiva sin titular mientras se espera una nueva convocatoria del Comité de Participación Ciudadana para reanudar el proceso. Tal situación se complica por los conflictos internos: los funcionarios a punto de ser removidos enviaron cartas a Buenrostro denunciando acoso laboral y un ambiente hostil que ha prevalecido durante los últimos meses.
Estos relatos de tensión reflejan un clima de indefinición institucional, donde las decisiones discrecionales han dominado el panorama. Entre las denunciantes se encuentra Paulina Vallejo Escalona, quien ha expresado que ha sufrido ataques a su reputación y acusaciones infundadas. Mientras tanto, su par en la Unidad de la Plataforma Digital Nacional también ha declarado sentirse víctima de una atmósfera adversa, perjudicial para su imagen profesional.
A pesar de estas presiones, y con un nombramiento que aún tiene vigencia, ninguno de los directores implicados optó por presentar su renuncia, reafirmando su compromiso con el proyecto institucional.
El contexto se vuelve más complejo con la instrucción proveniente de la mañanera del presidente, que requiere que el Congreso de la Unión realice sesiones extraordinarias. Estas se llevarán a cabo a partir del 23 de junio, con el líder de la mayoría morenista en San Lázaro, Ricardo Monreal, anticipando que se abordarán múltiples iniciativas urgentes mientras la participación de los senadores es incierta hasta finales de mes.
La situación también ha suscitado reacciones fuera de la esfera gubernamental; organizaciones de la sociedad civil han impugnado la reciente validación de las elecciones de ministros de la Suprema Corte y magistrados del Tribunal Electoral. Con la impugnación presentada por el PAN y la agrupación Somos MX, se espera un desenlace conforme el INE complete el cómputo electoral.
Este conjunto de eventos resalta una serie de tensiones y movimientos estratégicos en el ámbito gubernamental, en medio de acusaciones de acoso y descontento organizacional. La atención se centra ahora en cómo se resolverán estas crisis y qué impacto tendrán en la gobernanza del Sistema Nacional Anticorrupción. La situación continúa evolucionando, ofreciendo un campo fértil para el análisis crítico sobre la integridad y operatividad de las instituciones en México.
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