El fenómeno del cobro de derecho de piso ha adquirido notoriedad en la agenda empresarial y social de México, generando inquietud entre los comerciantes y empresarios de diversas regiones. Este tipo de extorsión, que consiste en que grupos delictivos demandan pagos a negocios a cambio de “protección”, no solo representa un desafío económico, sino también un riesgo para la seguridad de quienes están en el frente de esta batalla.
En varias entrevistas recientes, líderes empresariales han expresado su preocupación sobre el impacto que este delito tiene en el desarrollo de sus actividades. Los empresarios afirman que el costo del derecho de piso puede significar un porcentaje considerable de sus ingresos, lo que pone en riesgo la viabilidad de sus operaciones. Este cargo extorsivo crea un clima de desconfianza que hace más difícil la inversión y la creación de empleo, pilares fundamentales para el crecimiento y la estabilidad de la economía.
Los sectores más afectados incluyen a pequeños y medianos negocios, que a menudo son más vulnerables ante estas demandas. A pesar de que las autoridades están trabajando para combatir estas prácticas delictivas, muchos empresarios sienten que las medidas implementadas no son suficientes. Los testimonios recabados destacan que aquellos que se atreven a resistir o a denunciar estos actos pueden enfrentar represalias, lo cual alimenta un ciclo de miedo y silencio.
Es importante señalar que el cobro de derecho de piso no se limita a una sola región del país; este problema ha sido reportado en múltiples estados, reflejando una red de organizaciones criminales que han diversificado sus operaciones a nivel nacional. Debido a esto, los gobiernos locales, junto con las autoridades federales, han comenzado a tomar medidas más concretas, buscando desarticular estos grupos y proporcionar un entorno más seguro para los negocios.
La necesidad de un marco legal más robusto y de una colaboración efectiva entre las autoridades y la iniciativa privada es crucial para mitigar este fenómeno. Muchos líderes de opinión sugieren que una estrategia integral que incluya educación, seguridad y apoyo económico a las víctimas de extorsión es esencial para erradicar esta práctica.
A medida que la situación evoluciona, se espera que los esfuerzos de la sociedad civil y las autoridades se alineen para fortalecer la lucha contra estas actividades delictivas. Solo a través de un enfoque conjunto se podrá garantizar un entorno empresarial donde el derecho de piso sea un recuerdo del pasado, permitiendo así que la economía mexicana florezca sin el peso de la extorsión sobre sus hombros.
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