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El balance de víctimas del devastador incendio del complejo residencial de Wang Fuk Court, en Hong Kong, sigue creciendo a medida que avanzan las tareas de búsqueda. La Policía hongkonesa ha elevado este domingo la cifra de fallecidos a 146, tras completar el rastreo de cuatro de las siete torres de viviendas afectadas, pero ha advertido de que ese número puede aumentar aún, ya que el paradero de un centenar de personas continúa siendo incierto.
De los heridos, 19 siguen en estado crítico, cuatro con quemaduras severas y 23 en situación estable. Cuatro días después de la tragedia, la sociedad reclama responsabilidades, pero la censura ha comenzado a actuar: un hombre ha sido detenido, sospechoso de intentar incitar a la sedición por lanzar una petición de investigación independiente.
Cheng Ka-chun, jefe de la Unidad de Identificación de Víctimas, ha subrayado durante una rueda de prensa este domingo que la oscuridad en el interior de los edificios está dificultando la operación de búsqueda. Muchas zonas están completamente calcinadas, y ni siquiera la luz solar que entra por las ventanas es suficiente, por lo que el registro completo de las áreas más afectadas podría prolongarse tres o cuatro semanas, según el cálculo policial.
La indignación ha crecido en las últimas jornadas, al conocerse que muchos vecinos se habían quejado de los posibles riesgos de incendio y planteado sus dudas sobre la inflamabilidad de la malla que cubría los edificios desde septiembre de 2024, dos meses después de que comenzaran las obras de renovación en la urbanización. Según un portavoz del Departamento de Trabajo, las autoridades respondieron entonces que el riesgo era “relativamente bajo”. Hay 11 arrestados: tres de la empresa encargada de las obras y ocho de la consultora implicada.
El origen del fuego, que comenzó el miércoles por la tarde y se extinguió el viernes por la mañana, sigue bajo investigación. La Policía ha confirmado que las llamas comenzaron en la planta baja de uno de los bloques y se propagaron con una rapidez devastadora por siete de las ocho torres, que tienen 31 pisos de altura y albergan 1.984 miniapartamentos. Se calcula que en Wang Fuk Court vivían cerca de 4.600 personas.
Las fachadas estaban envueltas en andamios de bambú y mallas verdes protectoras, un montaje exterior que, unido presuntamente a la colocación de planchas de espuma de poliestireno (un material muy inflamable) en las ventanas, permitió que el fuego trepara a una velocidad inusual y pasara de un rascacielos a otro, según las primeras pesquisas. Las autoridades han reconocido, además, que las alarmas antiincendios no funcionaron correctamente.
Más de un millar de personas ha hecho cola este domingo a lo largo del perímetro que bordea la urbanización para depositar flores blancas y notas en memoria de las víctimas. Cientos de personas continuaban en los alrededores de Wang Fuk Court al anochecer, según las imágenes distribuidas por los medios locales. Se trata del incendio más mortífero en Hong Kong desde 1948, cuando 176 personas murieron en el siniestro en un almacén.
La demanda de responsabilidades se ha trasladado a internet, pero las primeras campañas ya se han topado con la censura. Una petición que reclamaba una investigación independiente y que acumulaba el sábado más de 10.000 firmas ha sido eliminada. Además, según informa el rotativo hongkonés South China Morning Post, la policía ha detenido e interrogado al supuesto autor de la iniciativa, Miles Kwan, un estudiante universitario de 24 años, acusado de incitar a la sedición. Se desconoce si ha sido puesto en libertad.
La plataforma digital clausurada pedía prestar apoyo a los residentes afectados, que se examine el sistema de supervisión de las obras en construcción, se cree una comisión independiente y se exijan responsabilidades a los funcionarios públicos.
La Oficina para la Protección de la Seguridad Nacional emitió el sábado un comunicado en el que acusaba a “individuos antichinos” y “malintencionados” de difundir información falsa, atacar los esfuerzos de rescate del Gobierno, incitar a la división social y fomentar el odio contra las autoridades y el jefe del Ejecutivo.
“Explotan el dolor de la gente y van en contra de la opinión pública, intentando utilizar la pena de las víctimas para promover sus ambiciones políticas y arrastrar de nuevo a Hong Kong al caos de 2019″, expresó un portavoz de esa oficina gubernamental, en referencia a las protestas prodemocracia que se extendieron aquel año durante meses por la ciudad en respuesta a un proyecto de ley que permitía extraditar a sospechosos a China continental.
Un año después, para aplastar las revueltas, Pekín impuso la controvertida Ley de Seguridad Nacional, que ha reescrito el panorama político y social de Hong Kong y herido de muerte el régimen de libertades que las autoridades comunistas se habían comprometido a garantizar en el territorio autónomo hasta 2047. Cuando Reino Unido devolvió en 1997 la soberanía de Hong Kong a China, esta acordó mantener allí ―a diferencia de en la parte continental― libertades de expresión, prensa, reunión, manifestación y asociación, entre otros derechos fundamentales. En 2024, Hong Kong aprobó su propia ley en línea con los postulados de Pekín.
Un vecino de Tai Po (el distrito en el que se ubican los rascacielos de Wang Fuk Court) que reside actualmente en el extranjero ha lanzado una segunda petición de responsabilidades, con demandas similares, este domingo. “El incendio superó cualquier división política (…) Si el Gobierno quiere gobernar con responsabilidad y recuperar la confianza, debe asumir las responsabilidades de forma justa, en lugar de achacar cada incidente a la violencia negra [el término con el que los medios pro Pekín describen y deslegitiman las protestas de 2019]”, reivindica el solicitante. A las 21.00 (las 14.00 en España peninsular), la iniciativa acumulaba 4.800 firmas.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación.
