La contaminación del río Sonora, un tema que ha marcado profundamente a la región, vuelve a acaparar la atención pública. La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, ha anunciado que la empresa Grupo México se compromete a cumplir con “prácticamente todas las demandas” de los afectados por un desastre ambiental que se remonta al 6 de agosto de 2014. En aquel entonces, millones de litros de residuos tóxicos fueron vertidos al río, afectando a más de 22,000 personas, sus tierras y sus animales. En una región donde el acceso al agua potable ha sido precario, la comunidad ha pasado más de una década quejándose de la indiferencia gubernamental ante la poderosa minera.
La presidenta Sheinbaum, durante su conferencia matutina, destacó que Grupo México ha decidido, finalmente, proceder con las obras necesarias para mitigar los daños; esto incluye clínicas médicas, la medición constante de la calidad del agua y la remediación de suelos contaminados. Este avance es un rayo de esperanza para una comunidad que ha tenido que lidiar con el legado de contaminación que ha persistido desde el derrame.
La situación se vio agravada por un dictamen de 2023 de la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) y el Instituto de Tecnología Mexicano del Agua (IMITA), que confirmó que la mina Buenavista del Cobre, responsable del desastre, sigue en operación, manteniendo altos niveles de metales pesados en sus pozos y tierras. A pesar de las insistentes declaraciones del gobierno anterior, liderado por Enrique Peña Nieto, asegurando que el área estaba limpia, investigaciones independientes revelaban que el 98% de los pozos analizados seguían contaminados. Esta contaminación se extiende a lo largo de 400 kilómetros, llegando hasta la capital de Sonora, Hermosillo.
El dictamen de Semarnat también hizo eco del daño ambiental, subrayando la grave sobreexplotación de los mantos acuíferos en la región y alertando sobre los niveles de toxicidad que superan lo que el cuerpo humano puede tolerar. La población ha reportado diversas afecciones de salud, que van desde problemas en la piel hasta enfermedades gástricas y respiratorias, con un preocupante aumento en la prevalencia del cáncer.
Las negociaciones entre el gobierno y Grupo México han estado dirigidas por figuras claves como la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, junto con el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo. Estas conversaciones finalmente están dando frutos, y se espera que en un futuro cercano se formalicen las medidas que prometen atender las demandas de la comunidad afectada.
El horizonte es incierto, pero la esperanza se asoma para aquellos que han estado lidiando con el impacto devastador de esta tragedia ambiental. La posible restauración de su comunidad y el acceso a servicios básicos, como atención médica y agua potable, son necesidades urgentes que han sido desatendidas durante demasiado tiempo. En el contexto del desastre del río Sonora, cada paso hacia la recuperación debe ser celebrado, aunque la vigilancia de la comunidad y la responsabilidad empresarial deben permanecer firmes para evitar que una tragedia similar vuelva a ocurrir.
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