La Cámara de Diputados se prepara para abordar esta semana la minuta del Senado relacionada con el denominado “Plan B” de reforma electoral impulsado por la presidenta Claudia Sheinbaum. A diferencia de lo que sucedió en la Cámara alta, se espera que esta reforma constitucional sea aprobada en San Lázaro sin mayores contratiempos. Sin embargo, la oposición, compuesta por el PAN, PRI y MC, ha manifestado su rechazo, mientras que Morena, junto a sus aliados el PVEM y el PT, cuenta con la mayoría calificada necesaria para llevar a cabo la votación.
El Partido del Trabajo, que había votado a favor de la reforma en el Senado, condicionó su respaldo a la eliminación del tema de la Revocación de Mandato del proyecto, un punto que fue ácidamente debatido en semanas recientes. Esta táctica política se presenta como un intento de mantener un equilibrio en las relaciones entre estos partidos, dado que el mismo grupo fue responsable de rechazar previamente una reforma electoral más ambiciosa, que contemplaba la reducción del Congreso y de recursos asignados a los partidos.
La votación del proyecto de dictamen está programada para el martes 7 de abril en las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Reforma Electoral. Posteriormente, se someterá a discusión en el Pleno de la Cámara el miércoles 8 de abril. Los líderes de los diferentes partidos han comenzado a hacer escuchar sus posturas. Carlos Puente Salas, del PVEM, ha señalado que su grupo apoyará la reforma sin reservas, y destacó su relevancia en la redistribución de recursos federales y el funcionamiento de las estructuras gubernamentales a nivel nacional.
Por su parte, Reginaldo Sandoval, coordinador del PT, anunció el respaldo de su bancada al “Plan B”, enfatizando que el cambio en la propuesta respecto a la revocación del mandato fue un factor decisivo. En este contexto, hizo hincapié en que, a pesar de las presiones que pudieran haber surgido, no se cederá ante chantajes ni manipulaciones.
Ricardo Monreal, líder de la bancada de Morena en San Lázaro, ha admitido la necesidad de iniciar lo que ha denominado una “operación cicatriz” para sanar las desavenencias surgidas en torno a las reformas electorales. Este movimiento tiene como objetivo consolidar alianzas en el horizonte hacia 2027 y 2030, marcando una estrategia política crucial en la antesala de las futuras elecciones.
Con estas dinámicas en juego, la mirada está atenta al desenlace de la votación, que no solo definirá el futuro inmediato de la reforma electoral, sino que también puede alterar el mapa político en México.
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