En un escenario donde el debate sobre la imposición de un impuesto del 5% a las remesas en Estados Unidos gana terreno, el gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum ha expresado su firme oposición a esta medida. La administración alertó que, de ser aprobada, esta propuesta infringiría acuerdos comerciales internacionales y sería susceptible de impugnación ante la ley.
Durante una conferencia matutina, el enfoque se centró en las posibles repercusiones de esta iniciativa, que está programada para ser discutida por el Comité de Presupuesto de la Cámara de Representantes de EE.UU., donde se planea la presentación de una propuesta única ante la votación.
Sheinbaum enfatizó que el objetivo de este impuesto es exclusivamente recaudatorio, aduciendo que el gobierno estadounidense enfrenta dificultades financieras para cerrar su año fiscal. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) añadió que gravar las remesas violaría el Tratado para evitar la doble tributación, firmado hace tres décadas, dado que las remesas ya han sido sometidas a impuestos en EE.UU., lo que supondría una doble carga fiscal.
El secretario de Hacienda señaló que la propuesta también contiene una exención para los nacionales estadounidenses, lo que la calificaría como discriminatoria. “Este impuesto no solo va en contra de las normativas internacionales, sino que también podría ser impugnable bajo las leyes estadounidenses”, sostuvo, aunque también admitió no ser un experto en legislación interna.
De manera proactiva, Sheinbaum exhortó a los migrantes mexicanos en EE.UU. a manifestar su oposición a la medida, sugiriendo que envíen cartas a sus representantes en el Congreso, independientemente de su nacionalidad, destacando que el impuesto sería discriminatorio y contradictorio a los tratados firmados.
Con un total de remesas que alcanzó 64,700 millones de dólares en 2024, representando el 3.5% del PIB y predominantemente enviadas a través de transferencias electrónicas, este tema cobra especial relevancia. Los principales estados emisores fueron California, Texas y Colorado, mientras que los beneficiarios incluyeron a las entidades de Michoacán, Guanajuato, Jalisco, Ciudad de México y el Estado de México, subrayando la conexión financiera crítica entre los migrantes y sus familias en México.
Mientras este asunto se desarrolla, las repercusiones podrían ser significativas, tanto para los migrantes como para las políticas fiscales y comerciales. La comunidad está a la expectativa de cómo evolucionará esta situación en el marco de los acuerdos bilaterales y la legislación estadounidense.
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