España, al igual que otros muchos países del mundo desarrollado, ha vivido una larga década de políticas fiscales y monetarias expansivas que se ha visto culminada por dos fuertes shocks inflacionistas. Primero, un choque de oferta grande tras la reapertura de la pandemia y un aumento de la demanda muy fuerte por el embolsamiento del ahorro acumulado en la crisis sanitaria. Y, después, un encarecimiento de los precios energéticos y de suministros agravado por la guerra en Ucrania.
Todo ello ha desbocado los precios, cuya tasa general roza los dos dígitos (9,8% en marzo). No obstante, la inflación subyacente, aunque alta (3,4%) puede decirse que aún está bajo control y, por tanto, se está a tiempo de frenar el enquistamiento de esta espiral alcista de los precios, pero solo si se toman las medidas adecuadas y cuanto antes. Eso es al menos lo que opina un grupo de expertos economistas reunidos en un nuevo encuentro del Foro Futuro, el observatorio de investigación económica organizado por Cinco Días con el respaldo de Grupo Santander, que analizó las posibles soluciones al problema de la inflación.
El primero en exponer los posibles remedios para evitar, sobre todo, los denominados efectos de segunda ronda (contagio del alza de los precios de suministros y materias primas al precio final y a los salarios) que pueden crear un bucle inflacionista, fue el director de Coyuntura Económica de Funcas, Raymond Torres, quien propuso ayer actuar sobre tres pilares: medidas de desindexación de la economía; medidas fiscales y monetarias. A raíz de estos tres cauces de actuación, el resto de participantes en este foro hicieron sus propias matizaciones o nuevas aportaciones a modo de ideas para contener el actual shock inflacionista.
La primera de estas vías, según Torres, consistiría en un pacto de rentas pero que solo podría materializarse con dos condicionantes. Para empezar, este economista destacó que se debe poner el acento en el poder de compra pero sin vincular los salarios al IPC sino a la productividad o a través de otras compensaciones en forma de reciclaje profesional o formación. Y, en segundo lugar, consideró que este pacto “no será realista” si antes no se paraliza la escalada del IPC, porque de lo contrario, “se podrían alcanzar acuerdos muy elevados (de subidas salariales) que perjudicarían la competitividad de las empresas y de la economía”. Por ello, para parar esta escalada habría que actuar antes sobre los precios energéticos, opinó.
Esto debería llevarse a cabo a cabo a través una “política fiscal quirúrgica” que incluya “compensaciones a los sectores más afectados por la energía de manera que se mantengan a salvo en el mercado”; y, sería importante, añadió este economista, que la financiación con fondos europeos se vincule al ahorro energético. En esta línea añadió que esta política fiscal quirúrgica “debe recoger inversión en políticas renovables”. Para ello sería imprescindible vincular el tope del precio del gas al de los mercados a plazo de la electricidad, que ya reflejan la inversión en renovables. De ahí la relación entre el pilar fiscal y la contención a corto plazo de los precios energéticos.
Y el tercer cauce de actuación citado por este economista es el de la política monetaria. En este punto, Torres reclamó “un ajuste gradual de los tipos de interés, pero empezando lo antes posible sería lo más adecuado. De lo contrario, obligaría al BCE a hacer ajustes más agresivos, lo que sería más difícil de asumir por la economía”.
En este sentido, Francisco Pérez, profesor emérito de Análisis Económico de la Universidad de Valencia y director de Investigación del IVIE señaló que “los Bancos Centrales deben dejar claro que si es necesario adoptar medidas para controlar la inflación en el medio y largo plazo, habrá que tomarlas”.
Más crítico fue Fernando Fernández, profesor de Economía del IE University, quien reprochó: “Hemos pecado en exceso de optimismo tanto en la política fiscal como en la monetaria. Por ello, ahora, los efectos de segunda ronda hay que anticiparlos y no esperar a que se produzcan”.
Y eso, para Férnandez, “no se puede controlar sin una desaceleración (de la economía) significativa, aunque no hablo de que sea necesaria una recesión”, explicó. En concreto, indicó que el BCE debería de hacer “unas subidas de tipos importantes” y los Gobiernos políticas fiscales restrictivas. “Tendríamos que estar dispuestos a sacrificar un falso crecimiento hoy para evitar los problemas inflacionistas y una mayor recesión en el medio plazo”, señaló el profesor del IE University.
En cuanto al pacto de rentas, estos expertos coincidieron plenamente en varias cuestiones. Principalmente en que los avances salariales que se acuerden deben estar “totalmente vinculados a la productividad y a la competitividad de la economía”, según destacó el catedrático de Análisis Económico de la Universidad de Granada y director de Estudios Financieros de Funcas, Santiago Carbó.
Junto a este planteamiento coincidente, los participantes del foro recalcaron la necesidad de que este pacto reúna el mayor consenso posible y que esté liderado por el Gobierno, que debería dejar claro a los agentes económicos (empresas y trabajadores) que se ha producido un cambio y que todos deben asumir parte de las nuevas cargas.
En ese sentido, Fernández introdujo un cuarto pilar de actuación que está íntimamente relacionado con el pacto de rentas. Se trataría de “desindexar toda la economía”. Con ello se refirió a la necesidad de desligar del alza del IPC o niveles de precios similares cuestiones como la subida de las pensiones, del salario mínimo interprofesional o el incremento de las retribuciones de los empleados públicos. En esto, coincidieron también plenamente Carbó y Francisco Pérez. Este último precisó que “pensionistas y funcionarios tienen que ser parte de este pacto de rentas en el que todo el mundo arrime el hombro”.
Si bien Alicia García Herrero, economista jefe para Asia Pacífico en Natixis, profesora en la Universidad de Ciencias y Tecnología de Hong Kong e investigadora Senior del think tank Bruegel, fue algo más allá con sus matizaciones a lo propuesto para el pacto de rentas al considerar que “una política de rentas se hace solo cuando se entiende el objetivo (…) porque es peor hacerla con un objetivo erróneo que no hacerla”. Con ello quiso decir que si el acuerdo salarial al final consistiera en indiciar las retribuciones a la inflación sería mejor no adotpar ninguna política de rentas.
En ese caso, “sería más fácil simplemente un ajuste fiscal que amarre las presiones inflacionistas y dejar que la desaceleración haga el resto”, concluyó García Herrero.
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