La cúpula empresarial en México exigió al gobierno federal “entablar una conversación productiva, y a anteponer el bien de México frente a las posturas ideológicas”, toda vez que expresaron su preocupación ante las más recientes reformas en materia energética aprobadas por el Congreso e impulsadas desde la oficina de la Presidencia.
“En un sistema democrático, los problemas del país se resuelven entre todos, dialogando, antes de suprimir las reglas que hubieran podido apoyar, la creación de empleos, el crecimiento y el desarrollo de nuestro país”, apuntó el Consejo Coordinador Empresarial (CCE).
El organismo empresarial que dirige Carlos Salazar Lomelín advirtió que con las reformas al sector eléctrico y de hidrocarburos, los mexicanos sufrirán consecuencias como: la caída en la inversión, escasez de energía, mayores deudas de las empresas del Estado, así como mala calidad del aire y problemas de salud derivados de la contaminación.
“La reforma a la Ley de Hidrocarburos aprobada por el Senado el día de ayer, junto con la relativa a la Ley de la Industria Eléctrica publicada en el Diario Oficial de la Federación el pasado 9 de marzo, son los ejemplos más recientes de estas decisiones, que son violatorias de la Constitución y atentan contra la propiedad privada, el empleo y el desarrollo futuro de México”, señaló el CCE.
El Consejo Coordinador Empresarial, que agrupa a las 12 organizaciones cúpula empresariales, con más de dos mil asociaciones y que representan 80 por ciento de la economía nacional, indicó que ambas iniciativas cambian sorpresivamente las reglas para los inversionistas, amenazan la legalidad, la propiedad privada, los compromisos internacionales y sobre todo el medio ambiente y la salud, por lo que expresó nuevamente “su gran preocupación”.
El CCE enfatizó que con la nueva política energética se afectará la inversión, la creación de empleos y las condiciones de bienestar para los ciudadanos, sin contar los impactos directos al sector eléctrico y de las gasolinas.
“Esto ya se ha reflejado con una caída del 75 por ciento en la inversión en el sector de energía entre el 2018 y el 2020. Con ello, se perdió la oportunidad de crear más de 200 mil empleos, que habrían contribuido, de manera importante, a enfrentar la actual crisis económica derivada de la pandemia”, detalló el organismo empresarial.
El pasado jueves, la Cámara de Senadores aprobó una reforma a la Ley de Hidrocarburos que faculta a la Secretaría de Energía y a la Comisión Reguladora de Energía (CRE) para suspender y revocar permisos en toda la cadena de valor de esta industria, así como ocupar locaciones de forma temporal en caso de prever un riesgo a la seguridad nacional, energética y a la economía nacional. Dicha propuesta sólo espera su publicación y entrada en vigor.
Por su parte, los cambios legales a la Ley de la Industria Eléctrica, impulsaban cambios en el orden de despacho de la energía eléctrica, beneficiando la generación de las plantas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), propiedad del Estado, y relegaba hasta el final la que generan plantas eólicas, solares y de ciclo combinado privadas.
Sin embargo, esta reforma se encuentra suspendida de forma definitiva por un juez federal y suma una serie de amparos, acciones de inconstitucionalidad por parte del Senado de la República y de controversias como la de la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Todas por suponer un riesgo a la industria y una afectación a los bolsillos de todos los consumidores mexicanos.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación.
