El exgobernador de Baja California, Jaime Bonilla, ha sido vinculado a un proceso judicial por un juez estatal debido a su presunta implicación en un caso de corrupción. A lo largo de su mandato, que se extendió desde 2019 hasta 2021 y bajo la bandera del partido Morena, Bonilla ha enfrentado graves acusaciones relacionadas con contratos públicos, específicamente con la empresa Next Energy.
La Fiscalía de Baja California sostiene que durante su gestión, Bonilla favoreció a Next Energy en la concesión de un contrato para una planta de generación de energía fotovoltaica que nunca llegó a ser construida, a pesar de que se había previsto una inversión de 4.500 millones de pesos a 30 años. Aunque el gobierno estatal no obtuvo los permisos necesarios para el proyecto, Bonilla autorizó un pago inicial de 123 millones de pesos a la compañía, dinero que recientemente fue recuperado por el actual gobierno de Marina del Pilar Ávila, quien ahora lidera el estado tras las elecciones.
La audiencia inicial, que comenzó el lunes, se extendió casi 24 horas. La defensa de Bonilla argumentó que ya no era mandatario estatal cuando se realizaron los pagos a Next Energy, sugiriendo que la acusación carece de fundamento. Sin embargo, la acusación incluye delitos de abuso de autoridad, desvío de recursos y uso ilícito de facultades, y el juez ha considerado que las pruebas presentadas son suficientes para proseguir con la investigación, otorgando un plazo de seis meses antes de dictar sentencia.
Este caso se sitúa en el contexto de la tensión política entre Bonilla y Ávila, quien asumió el cargo de gobernadora. Durante sus declaraciones, Bonilla ha insinuado que las acusaciones son parte de una estrategia política orquestada por Ávila, señalando un trasfondo de rivalidad entre ambos. Además, varios de sus excolaboradores han sido arrestados en relación con indagaciones similares, lo que sugiere un ambiente complicado para Bonilla.
Desde su tiempo en el Senado, el exgobernador no ha dudado en criticar abiertamente a la actual gobernadora, llegando incluso a acusar la existencia de vínculos entre su gobierno y el crimen organizado. Su falta de cooperación con las citaciones judiciales cumplió un ciclo cuando se levantó su fuero legislativo, lo que llevó a un juez a emitir una orden de presentación para que compareciera ante la justicia.
La trayectoria política de Bonilla ha sido marcada por la polémica. Como empresario de medios, jugó un papel crucial en la cobertura del movimiento de Andrés Manuel López Obrador en sus inicios. Sin embargo, su intento de extender su mandato en Baja California suscitó una fuerte controversia y fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia. La propuesta, que se implementó en el Congreso local, terminó dividiendo al oficialismo y generó críticas en diferentes sectores del partido.
Con el telón de fondo de este proceso judicial, el enfoque ahora se centra en la capacidad del sistema de justicia para abordar casos de corrupción en altos niveles de gobierno, un tema que sigue siendo crítico en la política mexicana. Este vínculo de Bonilla con la corrupción podría marcar precedentes significativos en las dinámicas políticas de la región y de todo informacion.center.
Actualización: Los datos corresponden a la situación del 24 de marzo de 2026.
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