Las empresas Doups Holdings y Sepadeve International notificaron al gobierno mexicano su intención de someter al país a una reclamación de arbitraje al amparo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), por las afectaciones a sus inversiones en el mercado de parquímetros en la Ciudad de México.
Recientemente, la Secretaría de Economía dio a conocer estas notificaciones, las cuales fueron interpuestas los pasados 19 de agosto, por Doups Holdings, y 4 de septiembre, por Sepadeve International.
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Las compañías alegan que decisiones del gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Claudia Sheinbaum, han afectado sus inversiones y violado diversos artículos del TLCAN en materia de trato a las inversiones extranjeras, expropiación e indemnización.
Doups Holdings alega que México afectó la inversión que tiene en la compañía Soluciones Pagomet CDMX, cuando la Secretaria de Movilidad (Semovi) capitalina revocó las concesiones que tenía.
De acuerdo con la notificación, el 2 de marzo de 2018, Soluciones Pagomet obtuvo dos concesiones por 10 años para operar parquímetros en las colonias Nueva Santa María y Tránsito, en la zona centro de la Ciudad de México, misma que le fue cancelada meses después, en enero de 2019, por la Semovi, encabezada por Andrés Lajous.
En ese momento, Lajous y la jefa de Gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, dieron a conocer que la administración anterior otorgó 23 concesiones a empresas para la operación de parquímetros dentro del programa EcoParq, vigente desde 2010, de las cuales dijeron que 17 quedaban inactivas, entre ellas las de Soluciones Pagomet.
En el caso de Sepadeve International, el reclamo es por la falta de garantías a Urbipark, empresa que acusó a la autoridad de no atender su solicitud para cambiar su permiso administrativo para operar parquímetros a una concesión para el uso y explotación de espacios públicos.
La empresa alega que en 2017, la Semovi, bajo la administración de Miguel Ángel Mancera, aprobó el cambio de operación de permiso a concesión, sin que a la fecha se haya dado cumplimiento sin justificación de la dependencia capitalina.
Tras cancelar las concesiones, la jefa de Gobierno justificó la medida al decir que el beneficio del programa EcoParq es excesivo para las empresas privadas, por lo que se tenía que revisar este esquema.
De acuerdo con datos oficiales, del total de los ingresos en parquímetros del programa, los operadores se quedan con 70 por ciento y entregan 30 por ciento restante al gobierno local, lo cual debe destinarse a mejoras en las colonias donde se ubican los parquímetros.
Entre 2012 y 2018, el programa EcoParq registró ingresos por mil 955.3 millones de pesos de seis concesiones activas, de los cuales la Secretaría de Finanzas de la capital obtuvo 659.6 millones de pesos por concepto de contraprestación.
De dichos recursos, el gobierno señala que entre 2012 y 2017 se ejercieron poco más de 222 millones de pesos para una veintena de proyectos de remodelación en cuatro alcaldías. El programa dejó pendientes siete proyectos con una inversión de 89.7 millones de pesos.
El gobierno local reportó además que en el Presupuesto de Egresos de la Ciudad de México de 2018 se asignaron 91.4 millones de pesos para la ejecución de programas y proyectos de movilidad, derivados del Sistema de Control y Cobro de Estacionamiento en Vía Pública, y para el ejercicio 2019 se asignaron 30.5 millones de pesos a proyectos vecinales pendientes.
En su origen, el programa EcoParq estuvo a cargo de la Autoridad del Espacio Público (AEP), pero desde agosto de 2017, por iniciativa de la Asamblea Legislativa, pasó a manos de la Semovi.
De acuerdo con datos del gobierno capitalino, entre ese año y 2018 se entregaron 23 concesiones, de las cuales hay seis vigentes y cuentan con 25 mil 801 cajones de estacionamiento, gestionados por cuatro empresas que instalaron mil 589 parquímetros: Operadora de Estacionamientos Bicentenario; Nueva Generación de Estacionamientos, Mojo Real Estate y Copemsa Metropolitana.
Doups Holdings y Sepadeve International solicitan que, ante las violaciones que las autoridades han hecho al tratado comercial con EU en materia de libre inversión, el Estado se responsabilice y les repare los daños financieros. Los inversionistas buscan una compensación “total y justa” por las pérdidas y lesiones derivadas del incumplimiento del Estado.
La Secretaría de Economía que es la instancia a la que corresponde defender al país ante arbitrajes internacionales, respondió a informacion.center que hasta el momento no hay información más allá de las notificaciones de ambas empresas de la intención de someter al gobierno una reclamación.
El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un portal del Banco Mundial para la resolución de conflictos internacionales, tampoco tiene registro sobre una solicitud de arbitraje. La Semovi no emitió comentarios hasta el cierre de esta edición.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación.
