La investigación sobre María Amparo Casar, directora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), ha quedado en un impasse. La audiencia programada para este martes ha sido suspendida tras la decisión de la Fiscalía General de la República (FGR) de retirar temporalmente la carpeta de investigación para su revisión, según lo confirmado por Casar. Esta pausa no implica que las acusaciones se desestimen; la FGR sigue investigando lo que se considera un “uso ilícito de atribuciones y facultades” en relación con la pensión que recibe de Pemex tras la muerte de su esposo.
La controversia contra Casar surgió en 2024, cuando, durante una conferencia mañanera, el entonces director de Pemex, Octavio Romero, afirmó que la académica había cobrado de manera irregular la pensión vitalicia de su esposo, Carlos Márquez. El fallecimiento de Márquez en 2004, en un accidente en instalaciones de la empresa, ha sido objeto de discusión, ya que romero sugirió que Casar había manipulado las circunstancias del caso para obtener el pago. Según Romero, Casar había solicitado al procurador de la Ciudad de México que modificara el dictamen de su esposo para que pareciera un accidente y no un suicidio.
A raíz de estas acusaciones, Pemex retiró la pensión de 125,000 pesos mensuales (aproximadamente 6,500 dólares) que Casar percibía y la denunció ante la FGR. Sin embargo, un juez falló a favor de Casar en mayo, ordenando la restitución de la prestación hasta que no haya una resolución legal en su contra. Casar ha denunciado una persecución política por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien ha mencionado a la académica en numerosas ocasiones durante sus conferencias, llegando a calificarla de “traidora a la patria”.
El caso, que se había reactivado en septiembre con la intención de judicializarlo, ahora se encuentra nuevamente en una fase de análisis por parte de la FGR, liderada actualmente por Ernestina Godoy. Esta dependencia ha insistido en que su procedimiento se lleva a cabo “sin sesgos de ningún tipo”, alejándose de cualquier acusación de que actúe por consigna.
En comentarios recientes, la presidenta Claudia Sheinbaum se ha mantenido al margen de las especulaciones sobre la investigación. Ha destacado que el caso fue ampliamente discutido en el contexto del gobierno de López Obrador, delegando nuevamente la responsabilidad de las explicaciones a la FGR.
Con el futuro del proceso en suspenso, la atención se centra en cómo continuará este conflicto entre una de las voces más críticas del gobierno y las autoridades competentes, haciendo eco de la complejidad que rodea las relaciones entre la política, la justicia y los intereses personales en México.
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