el futuro de dos expresidentes autonómicos marca la agenda judicial de 2023 – informacion.center

España.- La corrupción en las instituciones autonómicas nutrirá este 2023 la agenda judicial. Una larga lista de ex altos cargos de Madrid, Cataluña, Andalucía y la Comunidad Valenciana se situarán bajo la lupa de los tribunales españoles, que deberán estudiar a fondo las supuestas irregularidades que cometieron desde sus puestos. El año arranca con una cita muy esperada: Francisco Camps, el barón popular que llegó a lo más alto de la Generalitat valenciana y del PP regional, se sienta en el banquillo de la Audiencia Nacional acusado de corrupción por el caso Gürtel. Mientras tanto, el PSOE sigue muy pendiente de la entrada en prisión de José Antonio Griñán, expresidenta de la Junta andaluza y del partido socialista, después de que el Tribunal Supremo confirmase su pena de seis años de cárcel por el caso de los ERE.

Camps contra la Fiscalía. Todas las maniobras de Camps para evitar su juicio han caído en saco roto —recusó a miembros del tribunal, intentó paralizar el inicio de la vista llevando su caso al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, se quejó ante la ONU y arremetió contra el juez instructor—. Así que a partir de este 23 de enero, si no hay un cambio de fecha de última hora, el expresidente valenciano se enfrentará finalmente a la acusación de prevaricación y fraude que le atribuye la Fiscalía, que pide dos años y medio de cárcel para él. Según la investigación, el exdirigente del PP intervino para adjudicar de forma irregular un contrato en 2009 a las empresas de la trama Gürtel y favorecer así, “como venía haciendo desde 2005”, a la red de Francisco Correa, que había anidado en el partido. El exdirigente del PP, que ha intentado volver a la primera línea de la política, rechaza las imputaciones y las atribuye a una cacería política. Le acompañarán en el banquillo otros 27 procesados, entre los que destacan tres exconsejeros de los Gobiernos populares.

Borràs se la juega (y Junts). El partido independentista ha ligado parte de su futuro al de su actual presidenta, Laura Borràs, suspendida como presidenta del Parlament tras ser procesada por corrupción. Con la dirigente secesionista empeñada en presentarse como víctima de un complot político —“Había prisa, mucha prisa para apartarme para ver si me iba. Pues no me voy y no me iré”, dijo en una entrevista—, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña acogerá en febrero el arranque del juicio contra ella, apenas tres meses antes de los comicios municipales donde la formación se juega parte de su poder. La Fiscalía pide seis años de cárcel, 21 de inhabilitación y una multa de 144.000 euros para Borràs por haber supuestamente fraccionado un contrato público para favorecer a un amigo, cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes, entre 2013 y 2018. La principal prueba en su contra son unos correos electrónicos entre ambos, muy explícitos, en los que supuestamente ella le explica cómo realizar el fraccionamiento. Ella niega que sean suyos.

Revisión de la sentencia de Junqueras y euroorden de Puigdemont. La Fiscalía ya ha advertido de que la reforma del Código Penal para modificar la malversación va a provocar decenas de revisiones de penas a condenados por este delito. Entre ellas, previsiblemente, la del exvicepresidente catalán Oriol Junqueras y los otros tres exconsejeros a los que el Tribunal Supremo condenó por malversar dinero público para organizar el referéndum ilegal de independencia del 1-O. La Sala Penal revisará de oficio la sentencia en las próximas semanas para decidir cómo le afectan los cambios en la malversación y la eliminación de la sedición, el delito por el que se condenó a nueve líderes independentistas. Además, el Supremo tendrá también que modificar el procesamiento y las órdenes de detención europeas e internacional dictadas contra el expresidente catalán Carles Puigdemont, la secretaria general de ERC, Marta Rovira, y el resto de prófugos de la justicia española. Las euroórdenes están ahora suspendidas a la espera de que la justicia europea responda a una cuestión prejudicial remitida por el instructor de la causa del procés, Pablo Llarena, pero el magistrado deberá mover ficha para adaptar sus actuaciones a la nueva legislación sin esperar a la respuesta del tribunal comunitario.

Otro juicio al procés. Cataluña vivirá en marzo otro capítulo de la judicialización del desafío secesionista, que concluyó con el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la declaración unilateral de independencia. El Tribunal Superior de Justicia ha señalado los días 14, 15 y 16 de este mes para la celebración de la vista oral contra los cuatro miembros de la mesa del Parlament (Anna Simó, Lluís María Corominas, Ramona Barrufet y Lluís Guinó) acusados de desobediencia por tramitar las iniciativas parlamentarias que facilitaron el procés. Fueron condenados en 2020, pero el Supremo ordenó el pasado noviembre repetir el juicio por la falta de imparcialidad de dos magistrados.

El caso mantiene su descomunal volumen y acumula ya 46 piezas elevadas a la Audiencia pendientes de enjuiciamiento, 93 piezas en instrucción, y solo seis juicios celebrados hasta ahora por las ayudas públicas que concedió la Junta entre 2001 y 2009. A la vez, el Gobierno tiene pendiente decidir sobre la petición de indulto del expresidente andaluz y el resto de acusados condenados a prisión. Previamente, la Fiscalía y el Supremo deberán pronunciarse a favor o en contra de la medida de gracia.

Corrupción en el PP de Madrid. La campaña de las elecciones autonómicas y municipales se verá marcada en Madrid por el comienzo del primer juicio del caso Lezo. Según el calendario de la Audiencia Nacional, a partir del 24 de mayo —los comicios se celebran el 28 de ese mes—, empieza la vista por la compra por parte del Canal de Isabel II del 75% de la sociedad colombiana Inassa en 2001, una operación que tuvo un sobreprecio de hasta 35,4 millones de euros, según la Fiscalía. Esta investigación se sumerge en las entrañas de la corrupción del PP de Madrid y de la Comunidad, gobernada por los populares desde hace casi 30 años. Entre las personas que se sentarán en el banquillo se encuentran Pedro Calvo y Juan Bravo, consejeros autonómicos durante los Gobiernos de Alberto Ruiz-Gallardón; y Arturo Canalda, expresidente de la Cámara de Cuentas de Madrid.

El Pequeño Nicolás, de nuevo al banquillo. El largo viacrucis judicial de Francisco Nicolás Gómez Iglesias, alias El Pequeño Nicolás, contempla una nueva parada este 2023. La Audiencia Provincial de Madrid ha fijado a partir del 6 de febrero el quinto y último juicio previsto contra el veinteañero, que ya acumula tres condenas de cárcel: en total, acumula penas de ocho años y dos meses de prisión por delitos como usurpación de funciones y falsificación documental, que ahora trata de tumbar en el Tribunal Supremo para evitar su reclusión. En el caso que falta por enjuiciar, la Fiscalía le pide otros nueve años y nueve meses de prisión por crear una red criminal para obtener información confidencial de bases de datos policiales.