El banquero portugués Ricardo Salgado (Cascais, 77 años) fue apodado en su país como DDT (Dono Disto Tudo, es decir, dueño de todo esto) hasta junio de 2014, cuando fue apartado de la gestión del Banco Espírito Santo. Ocho años después comienza a ser el condenado por todo aquello. El Tribunal Central Criminal le acaba de imponer una pena de seis años de prisión por tres delitos de abuso de confianza al considerar probado que se apropió de 10,6 millones de euros de una de las sociedades del Grupo Espírito Santo (GES) mediante tres transferencias realizadas a sociedades offshore. Los jueces no han creído en la inocencia del banquero que, ante la comisión de investigación abierta en el Parlamento portugués tras el hundimiento del imperio del clan Espírito Santo en 2014, aseguró que ni él ni nadie de la familia se había llevado un euro del grupo ni abierto cuentas en paraísos fiscales.
En la sentencia conocida esta semana, sin embargo, se declaran como hechos probados que Salgado desvió 10,6 millones de euros de la sociedad Espírito Santo Enterprises, considerado el “saco azul” que alimentó las irregularidades en el GES, para cuentas abiertas en Panamá que él controlaba. Además, se le ha retirado el pasaporte y se le prohíbe salir del país sin autorización. La justicia portuguesa trata de evitar así el bochorno que sufrió el año pasado con la fuga de otro banquero, João Rendeiro, que huyó a Sudáfrica aprovechando la permisividad que le daban los tribunales para viajar a pesar de acumular varias condenas. Su fuga duró casi tres meses y, tras ser detenido en Durbán, permanece en una prisión sudafricana a la espera de que se resuelva la petición de extradición sobre él.
Los jueces que han condenado a Salgado también consideran acreditado que padece alzhéimer, un argumento que esgrimió, sin éxito, su defensa para pedir la suspensión del juicio y que contribuirá a evitar su ingreso en prisión si finalmente suma nuevas penas. Esta ha sido la primera condena penal de Ricardo Salgado y está relacionada con la Operación Marqués, el escándalo de corrupción que afectó a los principales centros de poder en Portugal. Además de Salgado, acabaría detenido el exprimer ministro socialista, José Sócrates. Este macroproceso se ha dividido en varios procedimientos independientes para agilizar su resolución. La primera condena se dictó en junio pasado para el exministro y exadministrador de la Caixa Geral de Depósitos, Armando Vara. La segunda ha sido la de Salgado. Están pendientes las vistas contra otros tres acusados, entre ellos Sócrates.
En los últimos años, Salgado ha sido también sancionado por la vía administrativa por violar normas de prevención de blanqueamiento de capitales y reglas de transparencia que dañaron los intereses de los clientes del Banco Espírito Santo. En febrero el Tribunal de la Competencia, Regulación y Supervisión dictó la más reciente, que le condena a abonar dos millones de euros por ocho infracciones.
Sin embargo, el gran proceso judicial por el hundimiento del Grupo Espírito Santo está aún lejos de llegar a la vista oral a pesar de que han transcurrido casi ocho años desde entonces. El pasado 21 de febrero comenzó la fase de diligencias de instrucción, que se prolongará hasta mayo. Hay 16 acusados, entre ellos Salgado, a quien la Fiscalía describe como el cabecilla de una organización criminal que creó una estructura fraudulenta que funcionaba al margen de los órganos de gestión. El ministerio público, que imputa 65 delitos a Salgado, calcula que los perjuicios causados alcanzaron los 11.800 millones de euros.
La maraña judicial que envuelve el desmoronamiento del grupo está a la altura del poder que el clan Espírito Santo alcanzó en Portugal. Salgado, según testificó su primo y rival José Maria Ricciardi ante la comisión de investigación, tomaba las principales decisiones del grupo de forma unilateral. “No se tomaba decisión alguna sin conocimiento de esa lideranza”, declaró. Ricciardi no está acusado en la causa y testificará a petición de la Fiscalía. Aunque fue administrador de la entidad, sostiene que desconocía todas las irregularidades que ahora se imputan a los antiguos gestores. Él asegura que es, de hecho, el único miembro de la familia Espírito Santo que ha podido seguir trabajando en el sector financiero en estos años.
Salgado fue apartado en junio de 2014 de la presidencia del Banco Espírito Santo, el pulmón financiero que alimentó un imperio familiar que llegó a contar con más de 350 empresas repartidas por todo el mundo y que incluía negocios hoteleros, agrarios, sanitarios, seguros y agencias de viajes. La entidad que Salgado dirigió durante 22 años fue intervenida por el Banco de Portugal en 2014, cuando sus pérdidas alcanzaron los 3.700 millones de euros. Se congelaron las cuentas de la familia y se embargaron bienes acumulados por sucesivas generaciones desde que José María Espírito Santo Silva puso el embrión del emporio con una casa de lotería que abrió en el siglo XIX. Una red empresarial y financiera que siempre estuvo muy bien conectada con el poder político portugués, excepto en el periodo que siguió a la Revolución de los Claveles, cuando le fueron expropiados bienes.
La sombra de Salgado surge en varios casos de corrupción investigados por la justicia portuguesa cometidos durante el Gobierno socialista de José Sócrates, como el proceso que se sigue contra su exministro de Economía e Innovación, Manuel Pinho, acusado, entre otros hechos, de favorecer los intereses del Grupo Espírito Santo durante su etapa ministerial a cambio de recibir transferencias mensuales de 15.000 euros en una cuenta en Panamá.
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