El choque por el alquiler entre PSOE y Podemos retrasa la ley de vivienda | Economía

Desde que a principios de mes Podemos airease “discrepancias sustanciales”, estas han evolucionado poco. La regulación de rentas de alquiler se antoja la principal. “Vamos a establecer mecanismos para que no haya movimientos especulativos, pero ahora los precios están bajando”, indicaba la fuente de Transportes. “Somos más partidarios de mecanismos de incentivación y la vía fiscal puede ser una. Ahora hay [en el IRPF] una reducción del 60% lineal a todos arrendadores: vamos a ver si se puede modular y establecer mejoras a aquellos que alquilen a precios asequibles”.

Esto confirma que la fórmula preferida en el Ministerio para regular la cuestión es beneficiar en la declaración de renta a arrendadores que alquilen por debajo de mercado. No obstante, en Transportes insisten en que hay otras vías fuera de la futura ley, como los acuerdos con grandes propietarios o la ampliación de la dotación del Plan de Vivienda para Alquiler Asequible que anunció el miércoles Pedro Sánchez, para abaratar las rentas. “No creemos que sea bueno que la ley solamente obligue y sancione”, añaden.

Congelar o bajar

La propuesta de Podemos es que, a partir de los índices de precios, comunidades y ayuntamientos puedan declarar zonas de mercado tensionado. “Si un inmueble está por debajo de los índices de referencia no podría subir, se quedaría igual; y si está por encima, se tendría que bajar al límite del índice”, describe una fuente de la formación conocedora del contenido de su propuesta. Cualquier cosa que no se acerque a dicho planteamiento parece destinada a topar con la negativa del partido de Pablo Iglesias, donde además han reiterado en las últimas semanas que poner límites de precios se ha acordado dos veces.

La última vez fue el pasado octubre, cuando Podemos presionó para incluir alguna medida sobre arrendamiento en los Presupuestos. No lo logró, pero se firmó un pacto que trasladaba la cuestión a una ley de vivienda que debía llegar al Consejo “en un plazo máximo de tres meses”, lo que se cumplió en enero. El texto hablaba de “mecanismos de contención, o eventualmente bajada de los precios”, un enunciado genérico donde cabrían muchas fórmulas, y concretaba un segundo supuesto para contener “las subidas injustificadas en los nuevos arrendamientos, tomando como referencia el precio del contrato del arrendamiento anterior”.

En el departamento que encabeza el socialista Ábalos (el antiguo Fomento, con las competencias estatales en Vivienda) ven justificado el retraso porque la norma “es compleja, va a ser la primera ley estatal de vivienda de la democracia, y necesita tiempo para tener un buen texto legislativo”. Esa fuente resta importancia a la tensión en el Gobierno. Dice que la última reunión “no fue mal” y ve margen para hallar “puntos de encuentro”.

Grandes propietarios y otros puntos calientes de la norma

“No se puede circunscribir una ley tan importante a determinados aspectos concretos porque va a contener muchas cosas que hay que resaltar”, asegura la fuente consultada del Ministerio de Transportes, de lo que se infiere cierto malestar por el hecho de que el debate público se esté centrando en algunas cuestiones. Estas, además del control de precios, son la definición de grandes tenedores o si obligar a estos a ceder parte de sus pisos para alquiler social, dos de las propuestas lanzadas por Podemos.

La futura norma hablará “de cómo implicar a todos los actores en el cumplimiento de la función social de la vivienda”, añade la fuente del departamento de Ábalos, que incide en que “el objetivo es el mismo” para ambos socios del Gobierno y “lo que difiere son los instrumentos” que se quieren emplear. Transportes apunta a contactos con grandes propietarios (esta semana se anunció una ampliación de las aportaciones de Sareb y los bancos a las bolsas de vivienda social) para lograr más pisos destinados a colectivos vulnerables y señala apostar por “el entendimiento con el sector”. No obstante, tanto fuentes inmobiliarias como de entidades sociales manifiestan malestar por sentirse al margen del proceso y desconocer las propuestas que se debaten desde que el procedimiento superó la fase de consulta pública, en la que sí se convocaron reuniones con estos colectivos.