En comisiones, los diputados federales aprobaron cambios legales que eliminan la figura del outsourcing en el sector privado y público.
Ahora, su discusión y votación será durante la sesión del pleno de la Cámara de Diputados, donde también se buscará darle trámite, a fin de que sea publicada en el Diario Oficial de la Federación el 1 de mayo próximo, Día Internacional del Trabajo.
Previo a su aprobación, las Comisiones Unidas de Hacienda y Crédito Público y de Trabajo y Previsión Social, en San Lázaro, tomaron un receso para adecuar ajustes al dictamen y adecuar el plazo de su implementación.
Cómo informó informacion.center, los principales ajustes se realizaron en torno a los tiempos fiscales a los que se deben ajustar los gobiernos federal y estatales, por lo que se alinearon los tiempos de su entrada en vigor, con la aprobación y entrada en vigor del presupuesto anual próximo en el caso del sector público.
La reforma laboral “entrará al día siguiente, con excepción de los artículos cuarto, quinto y sexto, que entrarán en vigor el primero de agosto de 2021; y lo previsto en el séptimo y octavo del presente dictamen, en el ejercicio fiscal 2022.
Las dependencias y entidades de la administración pública federal involucradas en la implementación realizarán acciones necesarias para que las erogaciones que se generen con motivo de la entrada en vigor e implementación del mismo se realicen con cargo al presupuesto aprobado a cada una de ellas en el presente ejercicio fiscal y consecuente, por lo que no requerirán recursos adicionales que tengan por objeto solventar las mismas y no se incrementará el presupuesto para el presente ejercicio fiscal ni posteriores”, se lee en los ajustes.
En entrevista con informacion.center, el diputado Ignacio Mier Velazco señaló que este cambio implica esfuerzos fiscales que el gobierno federal, por medidas de austeridad y disciplina presupuestal puede hacer, pero que no es la misma situación para todos los gobiernos estatales.
“Esa fue la preocupación, que no se deje una situación que se complique. En todos los estados tienen hecha ya toda su programación y hacer ahorita un ajuste, cuando ya fue aprobado el presupuesto de ingresos y demás, no es sencillo”, aseguró el presidente de la Junta de Coordinación Política en San Lázaro.
“La otra opción era sacar el apartado B, pero también sería injusto, no puede pasar que haya distingo entre unos y otros (iniciativa privada y pública). En la 4T no”, aseguró.
La diputada presidenta de la Comisión de Hacienda, Patricia Terrazas, dijo que “la reforma atenta contra la seguridad y certidumbre jurídica, al prohibir la actividad económica lícita. No resuelve el problema del outsourcing agresivo”.
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Indicó que “es la misma (legislación), nada más que revolcada”, ya que se sigue permitiendo la contratación de servicios y obras especializadas sin detallar cuáles son estas actividades.
“Amplía las actividades a una figura extraña, intermediario y agencia de empleo, quizá nada más le estemos dando vuelta”, afirmó.
Criticó que el periodo de transición es extremadamente corto, ya que no considera todas las altas, bajas y la falta de facilidades y agilidad en medio de la pandemia.
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