En un contexto marcado por tensiones políticas y sociales en México, la figura de la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha cobrado relevancia. En su último informe como titular, se pronunció en defensa del Poder Judicial de la Federación (PJF) ante lo que describió como ataques sistemáticos por parte de la administración actual, en lo que se ha denominado la Cuarta Transformación (4T).
Durante su intervención, enfatizó el papel fundamental del PJF en la preservación del estado de derecho y la independencia judicial, subrayando que cualquier intento de menoscabar estos principios representa un riesgo para la democracia misma. La ministra recordó logros significativos alcanzados por la corte en términos de justicia y derechos humanos, resaltando la importancia de mantenerse firmes ante las críticas que podrían amenazar la integridad del Poder Judicial.
La crítica hacia la actual administración se centró en acciones que, según ella, han buscado delegitimar el trabajo del PJF. Destacó la importancia de un Poder Judicial fortalecido y comprometido con la justicia social, en un momento en que la polarización política se intensifica y el diálogo entre instituciones parece desvanecerse. Mencionó que la independencia del PJF es vital para garantizar que las decisiones judiciales no se vean influidas por presiones externas, sin importar su origen político.
Además, se refirió a la necesidad de un respeto mutuo entre las diferentes ramas del gobierno, sugiriendo que el tratamiento de la crítica en el ámbito público debería ser refrendado por un diálogo constructivo. A través de su discurso, la ministra también hizo un llamado a la sociedad civil para que permanezca alerta y demandante en la defensa de las instituciones que velan por sus derechos y garantías.
El contexto actual de desconfianza hacia las instituciones podría ser considerado uno de los mayores desafíos que enfrenta México en su búsqueda por fortalecer el estado de derecho. La defensa del Poder Judicial no solo es relevante desde una perspectiva política, sino que también tiene implicaciones en la vida cotidiana del ciudadano común, quien espera que la justicia sea un pilar inamovible de su sociedad.
La ministra presidenta concluyó su informe resaltando que el desempeño del PJF debe estar alineado a los más altos estándares de ética y compromiso, afirmando que la justicia no debe ser un concepto relegado, sino un derecho de todos y un deber del Estado. En un periodo en que las instituciones atraviesan retos significativos, su mensaje resonó en los pasillos del país, invitando a una reflexión seria sobre el futuro de la justicia y el respeto que merece el marco jurídico.
En conclusión, el último informe de la ministra presidenta marca no solo un hito en su carrera, sino también un llamado a la unidad y al respeto por las instituciones que sostienen la democracia en México. La importancia de defender un Poder Judicial independiente se convierte así en un tema central, en un momento donde la voz de las instituciones judiciales se vuelve cada vez más crucial en el debate político nacional.
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