Pueden surgir obstáculos en un futuro no muy lejano, pero el proyecto de Daniel Ortega y su mujer y vicepresidenta, Rosario Murillo, es instalarse en el poder en Nicaragua como una dictadura familiar dinástica. Los cientos de presos políticos son “hijos de perra de los imperialistas yanquis” —para citar al jefe del régimen —pero hay observadores optimistas que se atreven a especular sobre la posibilidad de un discurso menos agresivo para el 10 de enero, día de la toma de posesión.
Las palabras de odio que lanzó Ortega el pasado 8 de noviembre, al día siguiente de la farsa electoral, habla de una bestia herida por el alto abstencionismo; por la falta de reconocimiento de países como Uruguay, Perú, Colombia, España, República Dominicana, la Unión Europea y muchos otros; y por lo que le espera resolver en el futuro inmediato para gobernar con cierta estabilidad. A esto se agrega la reciente carta de 40 exministros de Relaciones Exteriores tras lo que llamaron el “ilegítimo proceso electoral”.
A la crisis política y social que deberá gestionar, Ortega suma el paquete de sanciones económicas contra el régimen que Estados Unidos —el gran enemigo, pero importante socio comercial— ya convirtió en ley. El presidente Joe Biden firmó la entrada en vigor de la conocida como Ley Renacer, que permite torpedear los préstamos de las instituciones financieras o revisar el Tratado de Libre Comercio con América Central.
Las sanciones que no tardan en sofocar la bonanza económica de la que se ufana su gobierno -a pesar de la recesión- podrían convertirse en posibles embargos económicos, que afectaría también al ciudadano de a pie. El repudio de muchos países tras la farsa electoral se podría transformar en ruptura de relaciones diplomáticas, lo que aislaría a Nicaragua aún mas de lo que ya está.
El ganador enclaustrado en su propia realidad ha optado por ignorar que la dureza de su discurso petulante no abona a impedir que a lo interno se produzcan eventuales situaciones de violencia, incluso posibles insurrecciones de algunos miembros del ejército y de la policía, aseguran fuentes nicaragüenses en el exilio. Vale recordar que ambos son parte medular de la base del Frente Sandinista, la que de acuerdo a una encuesta de Cid Gallup, ha disminuido su apoyo a entre un 15 y un 20%, menos del 38% histórico que había mantenido durante décadas y que, de hecho, entre 2011 y 2016, se disparó a más del 60%.
La reciente Asamblea General de la OEA no produjo cambios de fondo en la correlación de fuerzas de la región: una condena mayoritaria, de 25 países, siete abstenciones y no solo uno en contra, el de Nicaragua obviamente.
Pero Ortega y su mujer todavía tienen la sartén por el mango, y el mango también.
El Triángulo Norte, en rigor, ya va formando filas con Ortega. Con el salvadoreño Nayib Bukele a la cabeza, se perfila un bloque regional autoritario. El Vaticano tampoco se ha pronunciado. Y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) ha sido un aliado económico clave. En cuatro años y medio, de enero de 2017 a junio de 2021, el Gobierno de Daniel Ortega ha recibido del BCIE más de 2289 millones de dólares —un promedio superior a los 450 millones de dólares anuales—. El BCIE ha sido el principal sustento financiero del régimen nicaragüense, pero ahora Biden sin duda lo presionará a un cambio de timón.
Pero tras las “elecciones”, donde Ortega no permitió que ningún organismo de peso internacional las observara, donde solo participó él y un par de partidos aliados que carecen de peso específico, donde ha acusado a Estados Unidos y a sus “cómplices” en Nicaragua de buscar una guerra, no puede darse el lujo de seguir la línea dura por la que ha optado hasta ahora. O por lo menos no por mucho tiempo. Ya no hay Venezuela con el apoyo de sus millones. Ni Rusia ni China ni Cuba harán mucho más allá de emitir declaraciones en defensa del orteguismo.
Una opción sería anunciar en el inicio de un diálogo “restringido” para bajar un poco la presión interna, de la mano de sus partidos aliados, como la fórmula Oscar Sobalvarro —antiguo jefe de la “Contra” — y la exreina de belleza Berenice Quezada; de “amigos empresarios de segundo nivel”, como el actual presidente del Cosep, César Zamora, así como algunos miembros del sector de la construcción, salud y agrícola, opinan fuentes nicaragüenses en el exilio. En esta alternativa no figuraría “el gran capital”, salvo para posiblemente solicitar al menos la libertad de sus colegas presos. Alguna participación tendría este grupo por “pudor” y porque dentro de sus propias familias hay descontento con el régimen de Ortega.
Otra salida —el sueño dorado de los optimistas en el exilio— podría ser el inicio de un gran diálogo nacional, en México o España. El momento ideal sería coincidir con las elecciones municipales del 2022, con asambleas constituyentes a nivel local, la liberación de al menos algunos presos políticos a cambio del levantamiento de las sanciones.
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Una tercera disyuntiva sería que, en unos dos o tres años, surgiera “un levantamiento interno de orden táctico”. El alto porcentaje de abstención está compuesto por quienes están muy enojados con el régimen. Hay otro sector importante que votó nulo, en una suerte de protesta silenciosa, un ángulo ignorado por el oficialismo. Sin representantes opositores ni campañas contra el régimen, los votos nulos llegaron a 155.854 solamente superados por los 372.648 sufragios del Partido Liberal Constitucionalista y la alianza encabezada por el Frente Sandinista con más de dos millones boletas en su favor. Este movimiento, que por ahora carece de líderes, podría iniciar una peligrosa rebelión en las calles. Hay unos 100.000 exiliados; muchos quieren regresar a su país a toda costa. No todos se van a quedar con las manos cruzadas.
Pocos lo saben, pero Ortega también se ha topado con una piedra en el camino dentro de su propia familia. Fuentes cercanas al gobierno ahora en el exilio aseguran que Murillo quería ser nombrada presidente y que su marido se dedicara a labores partidarias. “Hubo un pleito fuerte con ella sobre este tema que duró varias semanas”, asegura la fuente. La vicepresidenta perdió: no es la carta favorita del sector sandinista histórico que aún apoya al no tan flamante presidente.
Lo ideal para muchos sería que Ortega accediera a unas nuevas elecciones nacionales, pero ese escenario es inviable, aunque lo haya solicitado el secretario general de la OEA, Luis Almagro. La pareja gobernante se siente todavía muy cómoda con su línea dura. Sin embargo, el régimen no la tiene tan fácil. Se verá obligado a optar por un diálogo leve o moderado para seguir operando. Es eso, o informacion.center bajo terror caerá inevitablemente en un eventual despeñadero.
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