El ministro de Salud, Ginés González García, se reservó 3.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V para su uso discrecional. Y tenía un “vacunatorio VIP” junto a su despacho. Este es el núcleo de una crisis política que puede causar un grave daño al presidente argentino, Alberto Fernández, y que no se cierra con la renuncia del ministro: un fiscal presentó el mismo viernes, en cuanto se desató el escándalo, una denuncia penal para que se investigaran las vacunaciones irregulares en todo informacion.center.
La utilización política de la vacuna se conocía desde hace días. La Cámpora, organización muy vinculada a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, había instalado centros de vacunación en varios de sus locales bonaerenses. También se sospechaba la existencia de una red de privilegio desde que, a principios de febrero, la profesora y ensayista Beatriz Sarlo reveló que le habían ofrecido una “vacuna bajo mano” y que la había rechazado, sin dar más detalles.
Varios periodistas seguían la pista. Pero fue un periodista vinculado al peronismo y en el bando de los privilegiados, Horacio Verbitsky, quien destapó el asunto con una declaración radiofónica: “Ayer me vacuné”. Su “viejo amigo” el ministro de Sanidad, dijo, le había arreglado una cita en la sede del ministerio.
Verbitsky se mantiene ahora en silencio. Tras su anuncio, fue despedido de una emisora de radio y recibió duras críticas del organismo de derechos humanos (el Centro de Estudios Legales y Sociales) que preside. Varias personalidades de la esfera peronista, como la presidenta de las Abuelas de la Plaza de Mayo, Estela de Carlotto (también ella, de 90 años, vacunada por invitación del Gobierno provincial de Buenos Aires) y el dirigente social Juan Grabois, atribuyeron a Verbitsky una “intencionalidad política” difícil de comprender.
Para el presidente Fernández, que a falta de éxitos económicos pensaba acudir a las elecciones parlamentarias de noviembre bajo la bandera de una eficaz campaña de vacunaciones, la crisis constituye un problema grave. Fue él quien exigió la renuncia inmediata del ministro (este culpó a su secretaria personal en la carta de dimisión) y quien borró de la comitiva que le acompañaba en su viaje oficial a México, a partir del domingo, al muy influyente diputado Eduardo Valdés y al senador Jorge Taiana. Quiso mostrarse inflexible. Pero el daño estaba hecho. El ministro Ginés González, amigo personal del presidente durante décadas, había vacunado de forma irregular no solo a políticos afines, sino a familiares y amigos. Y la sucesora del ministro, su hasta ahora “número dos”, la infectóloga Carla Vizzotti, llega al cargo bajo la evidencia de que ella no podía ignorar la presencia de vacunadores en el ministerio.
A los nombres que ya se conocen, como el del sindicalista, millonario y presidente del club de fútbol Independiente, Hugo Moyano, y sus familiares, se añadirán probablemente otros en los próximos días. El fiscal Guillermo Marijuan presentó una denuncia penal contra el ministro, el periodista Verbitsky y “otras personas” por el presunto delito de prevaricación, y exigió al Gobierno y a las provincias que entregaran las listas de las personas vacunadas, de forma regular e irregular. “Se trata de un acto de una inusitada gravedad institucional”, dijo el fiscal Marijuan.
En Argentina han sido completamente vacunadas con la Sputnik V, según la contabilidad oficial, 241.000 personas, y otras 392.000 han recibido la primera dosis. Más de dos millones de personas han contraído el virus y el número de fallecidos supera los 51.000.
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