La lucha por la justicia en el caso de Claudia Uruchurtu, activista desaparecida en marzo de 2021 en Asunción Nochixtlán, Oaxaca, ha dado un giro significativo tras la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). El 6 de febrero de 2026, la Corte decidió anular la absolución de Jhoan Ricardo Matus, uno de los presuntos responsables de su desaparición, lo que reabre la esperanza de la familia y sus abogados.
Uruchurtu desapareció tras participar en una manifestación contra el gobierno municipal, controlado por el partido Morena. Desde un inicio, las investigaciones apuntaron a las autoridades locales, pero el proceso judicial ha estado marcado por múltiples controversias y decisiones inesperadas. Aunque varias personas, incluido el escolta de la alcaldesa, fueron condenadas por su papel en el crimen, el camino hacia la justicia ha estado lleno de obstáculos.
En particular, la alcaldesa, Lizbeth Huerta, vio sus cargos de desaparición forzada rebajados a obstrucción de la justicia, lo que resultó en una condena de solo cuatro años de prisión. Lo más alarmante llegó cuando un tribunal colegiado anuló la condena de Matus, argumentando que las pruebas eran insuficientes para mantener su culpabilidad, a pesar de evidencias que indicaban su implicación.
El absurdo de esta situación llevó a la familia y a su equipo legal a apelar la decisión, buscando que se establecieran criterios más claros sobre las pruebas necesarias en casos de desaparición forzada, un delito de gran complejidad y sensibilidad en México. La SCJN, al reexaminar el caso, resaltó que el tribunal anterior no había considerado adecuadamente el contexto del delito, particularmente la naturaleza del mismo y el activismo de Uruchurtu.
José Juan Julián, abogado de la familia, subrayó la importancia de este fallo, aunque se mostró cauteloso ante la lenta marcha de la justicia. “Jhoan salió en libertad después de su amparo en agosto de 2025”, indicó, refiriéndose a la crítica implicación de Matus como enlace en las comunicaciones de la alcaldía durante el periodo de la desaparición.
El caso ha resonado notablemente a nivel nacional, especialmente al vincularlo con las acciones de funcionarios de Morena. El presidente López Obrador ha sido vocal sobre la necesidad de justicia en esta situación, consultando regularmente su progreso durante sus conferencias matutinas.
Sin embargo, el futuro de este caso sigue siendo incierto. El fallo de la SCJN debe regresar al tribunal colegiado para que se dicte una nueva sentencia, proceso que podría tardar más de lo deseable. De hecho, los abogados de Uruchurtu también han impugnado la breve condena de la alcaldesa Huerta, en un intento de que se revisen todos los aspectos del caso.
Mientras tanto, la familia de Claudia Uruchurtu continúa esperando justicia en medio de un proceso judicial que ha sido largo y doloroso, subrayando no solo la necesidad de respuestas, sino también la urgencia de un sistema que se comprometa a erradicar la impunidad en casos de violaciones a los derechos humanos en México.
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