El senador Ricardo Monreal Ávila planteó un paquete de reformas para establecer cárcel de hasta 22 años a quien adultere o falsifique vacunas o medicamentos destinados a la prevención o tratamiento de enfermedades trasmisibles con motivo de un brote o epidemia, y que no cumplan con los requisitos y autorización establecidos.
Para ello, el líder de Morena en el Senado, propone reformas a la Ley General de Salud, al Código Penal Federal, a la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley de Aviación Civil, en materia de prevención de conductas ilegales en emergencia sanitaria.
“La pandemia del coronavirus se ha convertido en un nicho de oportunidades para lucrar con insumos de alta necesidad y demanda, así como a través de transacciones con sobre precio o fraudulentas que, ante la urgencia de acceder a un servicio o realizar algún trámite de la población, han desembocado en un gran número de abusos o engaños’’, destaca el documento.
En este contexto se encuentran vacunas y medicamentos sin registro ni autorización que ponen en riesgo la salud de las personas; falsificación de información para acceder a servicios de transporte aéreo; abusos en venta de tanques y recargas de oxígeno; y de servicios funerarios.
En febrero pasado, el Instituto Nacional de Migración informó que diversos laboratorios acreditados alertaron evitar “un mercado negro de certificados”, con resultados de Covid-19 negativos para viajeros que desean ingresar a Estados Unidos, Canadá y algunos países de Europa.
El Consejo Mexicano de Empresas de Diagnóstico también denunció en su momento, que en redes sociales se ofrecían certificados falsos que ponen en peligro de contagio a viajeros que usan terminales aéreas.
A ello, la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) alertó sobre la falsificación y aplicación ilegal de una vacuna apócrifa contra el Covid-19 de Pfizer/Biontech, lo que representa un peligro para la salud al ser de dudosa procedencia, así como la venta ilegal, a través de páginas web falsas, de vacunas apócrifas.
Es por ello que se plantea adicionar un párrafo segundo al artículo 464 Ter de la Ley General de Salud, a efecto de establecer que, en caso de que alguna de las conductas previstas en dicho artículo se realice, se aumentará la pena hasta en una mitad.
La iniciativa propone establecer en el Código Penal Federal de seis meses a cinco años de prisión a la persona que, a sabiendas de que es portadora de enfermedad declarada epidemia por la autoridad sanitaria, haga uso de certificados o constancias médicas alteradas o que contengan información falsa.
Otro aspecto que ha sido recurrente a lo largo de la pandemia es el abuso en la oferta de productos y servicios como el oxígeno medicinal, los servicios funerarios, las ventas o compras fraudulentas de bienes inmuebles, sacando provecho de la población afectada por la pandemia y causando serio detrimento del patrimonio de muchas familias.
Por eso se propone modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor, a efecto de que todo proveedor se encuentre obligado a informar y a respetar los precios, tarifas, garantías, cantidades, calidades, medidas, intereses, cargos, términos, restricciones, plazos, fechas, modalidades, reservaciones y demás condiciones aplicables en la comercialización de bienes, productos o servicios, incluyendo aquellos de alto consumo en contingencia sanitaria.
Asimismo, adicionar un párrafo a la Ley de Aviación Civil, con el propósito de otorgar a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, la atribución de verificar que los proveedores de servicio implementen los protocolos de seguridad sanitaria ordenados por la autoridad de salud competente en caso de emergencia sanitaria.
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