La mayoría absoluta conquistada por Alberto Núñez Feijóo en Galicia ha permitido la reforma de la Ley de Salud gallega, aprobada este martes en el Parlamento autonómico con los únicos votos del PP. La nueva normativa sanitaria permitirá sancionar con multas de hasta 60.000 euros a las personas que se nieguen a vacunarse contra la covid y contra posibles virus futuros. La nueva ley cuenta con el rechazo de los grupos de oposición (BNG y PSOE) y con el del Gobierno central. El Ministerio de Sanidad asegura que “al igual que el resto de vacunaciones en España, la vacuna frente a la covid-19 no es obligatoria”.
La reforma de la Ley de Salud ha sido impulsada con carácter de urgencia por el PP y no por la Xunta de Galicia, que para ello precisaría de informes preceptivos. Un hecho que para los grupos de la oposición evidencia que el grupo del PP liderado por Feijóo ha querido “esquivar informes jurídicos”. La norma también impone otras sanciones, como una multa por no llevar mascarilla, que se marca en un mínimo de 100 euros, con la posibilidad de incremento en función del incumplimiento. Y entre otras infracciones leves también se encuentran hacer botellón, infringir los toques de queda, reuniones con más personas de las permitidas, participar en fiestas que incumplan las medidas aprobadas por las autoridades sanitarias e incumplimientos de horarios de locales.
Nacionalistas y socialistas han asegurado que no pasará los filtros del Tribunal Constitucional porque “vulnera derechos fundamentales y contradice normativas nacionales”. No obstante, frente a las críticas de la oposición, la portavoz del PP, Encarna Amigo, ha defendido que la norma “cumple todas las garantías jurídicas y sirve para combatir al coronavirus”. “Esta ley supone la supresión de derechos fundamentales de los gallegos con la excusa de la pandemia. Nos quieren hacer ver a los gallegos como sospechosos cuando aquí no hay más problemas con las vacunas que su escasez”, protestó la portavoz nacionalista Iria Carreira. Por su parte, el diputado del PSOE Julio Torrado advirtió de que el PP “utiliza el miedo para recortar derechos” sirviéndose para ello de un “dudoso marco jurídico”.
En opinión de Federico de Montalvo, experto en derecho sanitario y vicepresidente del Comité de Bioética de España, la medida sí puede tener encaje legal. En España la vacunación obligatoria en situaciones como una pandemia tiene respaldo legal con la ley de salud pública de 1986, que permite tomar medidas que limiten derechos individuales siempre que beneficien a la mayoría de la comunidad. Aunque no haya ningún pinchazo obligatorio, hay precedentes de decisiones judiciales en los que se ha obligado a personas a vacunarse: tras un brote de sarampión en Granada en el año 2010, un juez autorizó a la vacunación forzosa de los niños cuyos padres se negaban a que les pinchasen.
En el caso de Galicia, según Montalvo, habría que interpretar si una comunidad autónoma puede aplicar la obligatoriedad, pero cree que el estado de alarma otorga poderes a sus gobiernos para imponer medidas para frenar la epidemia. En cualquier caso, matiza, aquí no es exactamente que se obligue a nadie a vacunarse, sino que se elabora un respaldo jurídico para sancionar en caso de que alguien se niegue. “No es lo mismo la medida que su aplicación”, señala. “En este caso, su papel más que coercitivo sería de incentivo”, añade.
En cualquier caso, a la hora de aprobar una norma jurídica, no solo hay que observar su legalidad, sino su oportunidad. “Una medida no solo tiene que ser adecuada y estar legalmente prevista, sino además resultar necesaria, que no haya alternativa menos coercitiva que me permita conseguir el mismo fin. Y no es necesaria salvo que en Galicia haya un contexto específico de rechazo a la inmunización”, continúa Montalvo.
Según el último barómetro del CIS, cada vez más ciudadanos están dispuestos a vacunarse en cuanto puedan. El 82,9% de los encuestados están dispuestos a hacerlo, 10,4 puntos más que hace un mes (72,5%). El porcentaje duplica a los que contestaban afirmativamente en diciembre (40,5%), días antes de que empezaran las inyecciones en España.
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