La Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) rechazó que exista consenso al interior de la cúpula empresarial para eliminar la subcontratación, ya que transitar al modelo propuesto por el Ejecutivo federal ocasionará la pérdida de un millón de empleos formales.
“No hay el consenso interior para apoyar esta propuesta”, aseguró Enoch Castellanos, presidente de la Canacintra.
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El líder empresarial advirtió que se dejará desprotegidas y con “un tiro de gracia” a las micro, pequeñas y medianas empresas, “que no pertenecen a grandes corporativos o que son empresas únicas”, principalmente por la propuesta de erradicar el insourcing y no fijar el tope de las utilidades a esquemas de productividad.
“El insourcing es la creación de una empresa filial dentro de un grupo que administra el personal de un centro de trabajo y de una planta que no tiene empleados y esto es con la intención manifiesta de tener una disminución en el pago de PTU (utilidades), por razones de investigación, desarrollo de productos (…) lo que estamos buscando es que se ligue a esquemas de productividad”, refirió en conferencia de prensa.
Enoch Castellanos apuntó que una tercera parte de los cuatro millones 900 mil trabajadores que laboran bajo la tercerización pertenecen a pymes y que se afectaría principalmente a los “shelters” ubicados en la frontera norte del país, donde se albergan empresas extranjeras que contratan empresas mexicanas para servicios de comedor, administración, transporte, incluso de contratación de personal.
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El presidente de la Canacintra dijo que el gobierno federal les pide a los empresarios “tomar o dejar” la propuesta actual, por lo que pidió al Presidente de la República respeto irrestricto a los tres Poderes de la Unión y al Legislativo analizar el impacto verdadero de eliminar la figura de la subcontratación.
“Se tiene que analizar muy bien, con corridas financieras, con la escucha de todos los argumentos para no crear un efecto contrario. Si no hacemos esto bien, de manera inmediata se perderán 500 mil empleos en diciembre y pudieran perderse otros 500 mil empleos en enero, únicamente en la transición”, aseveró.
Explicó que esto se debe al cambio de razón social entre una empresa y otra, por cálculos de primas de riesgo en el seguro social, por la incorporación de sistemas administrativos de una empresa a otra, entre otras.
“En el cambio se irían muchísimos trabajadores, esto hay que decirlo con toda puntualidad, y eso sería únicamente responsabilidad de quienes empujen a fuerza esta ley sin considerar a los sectores productivos”, sentenció.
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