La reciente detención de Hernán Bermúdez Requena en Paraguay ha generado un eco significativo en la política mexicana, destacando la efectividad del gobierno federal en las acciones contra la delincuencia. José Ramón López Obrador, secretario de Gobierno de Tabasco y hermano del expresidente, no dudó en dejar claro que “el que la haga, que la pague”, en referencia a este arresto, visto como un triunfo de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Las gestiones que llevaron a la captura de Bermúdez, quien ocupaba la Secretaría de Seguridad en la administración de Adán Augusto López, fueron impulsadas por la actual administración, que comparte el mismo signo partidista con sus predecesores. Este desarrollo no solo subraya la continuidad en las políticas de seguridad, sino que también refleja la presión creciente sobre aquellos que han estado involucrados en escándalos relacionados con la corrupción y el crimen organizado.
La oposición política, mientras reconoce la magnitud de este logro, ha intensificado su presión sobre el gobierno de Sheinbaum, exigiendo la captura de Jesús Orta Martínez, quien fue su primer secretario de Seguridad en la Ciudad de México. Aunque Orta ocupó su puesto por menos de un año, su gestión estuvo marcada por incidentes memorables, como el lanzamiento de brillantina por parte de grupos feministas y la entrega de la Secretaría en un contexto de crisis de seguridad. Esta situación se ha vuelto un punto de ataque para un sector de la oposición, que sugiere que el vínculo de Orta con la corrupción y la delincuencia organizada debe ser resuelto rápidamente.
Voceros del Partido Acción Nacional (PAN), como Federico Döring y Héctor Saúl Téllez, han reavivado el caso de Orta para arrojar luz sobre las irregularidades de la administración actual. Döring señaló ante los medios que el exsecretario aún permanece prófugo y destacó la gravedad de los cargos en su contra, argumentando que esto es una falta de responsabilidad por parte del gobierno.
La Fiscalía General de la República había solicitado ayuda a Interpol para la detención de Orta y Frida Martínez Zamora, también expolicías, quienes están relacionados con delitos de corrupción y lavado de dinero durante su tiempo en la extinta Policía Federal. Estos nuevos desarrollos sugieren que la lucha contra la delincuencia y la corrupción sigue siendo un tema central en la agenda política de México, donde cada movimiento puede tener repercusiones amplias en la percepción pública y el discurso político.
Así, la detención de Bermúdez podría ser solo el principio de un largo camino hacia la restauración de la confianza pública en las instituciones. A medida que el gobierno enfrenta la presión por resolver los casos pendientes de figuras como Jesús Orta, las consecuencias de estas acciones están lejos de concluir, manteniendo a la ciudadanía en un estado de expectativa frente a los próximos avances en esta trama política compleja y en evolución.
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