La Auditoría Superior del Estado de Chihuahua (ASE) ha realizado una defensa contundente de sus informes que respaldan las acusaciones contra exfuncionarios de la administración de Javier Corral, el exgobernador que ahora enfrenta serios cuestionamientos. Este asunto ha desatado un conflicto notable entre el Gobierno estatal, encabezado por Maru Campos, y la Fiscalía de Chihuahua, generando un ambiente tenso en la política local.
La controversia se centra en una denuncia de presunta corrupción que la Fiscalía de Chihuahua ha presentado contra Corral, originada a partir de dos auditorías realizadas por la ASE sobre un contrato del año 2019 destinado a refinanciar la deuda estatal. En el corazón del caso se encuentra la alegación de que el despacho López Elías Finanzas Públicas, S.C., seleccionado por el Gobierno de Corral, fue contratado de manera irregular y no cumplió con las obligaciones pactadas. Esto ha llevado a la ASE a establecer un posible desvío de 98,6 millones de pesos.
Corral, por su parte, ha calificado este expediente como una construcción artificial, argumentando que la acusación es en realidad una forma de represalia política por parte de Campos. Al respecto, ha destacado que mientras él es objeto de persecución, su antecesor César Duarte sigue impune.
En respuesta a la controversia, la ASE ha aclarado que en una revisión previa de la Cuenta Pública 2019 se realizó una auditoría financiera que no detectó irregularidades, dado que los resultados del contrato se esperaban para 2020, un período que no estaba bajo su evaluación. Sin embargo, en 2022, la ASE decidió llevar a cabo una auditoría forense sobre la contratación de 2021, ampliando el marco de revisión a años anteriores para incluir el trabajo del mismo despacho.
La ASE subraya que ambas auditorías tuvieron objetivos distintos y que la auditoría forense del año 2021 era de gran interés público debido a las disputas sobre la deuda estatal entre el gabinete de Corral y el de Campos. A pesar de los desafíos legales que enfrenta Corral, quien ha intentando que el caso sea tratado por la Fiscalía General de la República (FGR), la ASE insiste en que el contrato no se pagó con recursos federales, sino con participaciones federales, que tienen una naturaleza jurídica distinta.
Finalmente, la auditoría ha manifestado su disposición a recibir aclaraciones de Corral y su equipo, pero hasta ahora no han presentado pruebas ni documentos que respalden su versión de los hechos. Este episodio no solo refleja las batallas políticas actuales en Chihuahua, sino que también pone en relieve el complicado panorama de la justicia fiscal en el estado, donde las disputas políticas y las irregularidades potenciales chocan en un escenario de creciente tensión.
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