El PRD en la Cámara de Diputados, a través del legislador Antonio Ortega Martínez, vicepresidente de la Mesa de Decanos en San Lázaro, manifestó que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no tiene derecho a retractarse ni dejarse intimidar ante los reproches y acusaciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador y la Secretaría de Hacienda, por los resultados de la Cuenta Pública 2019, con respecto a la cancelación de la obra del Aeropuerto Internacional en Texcoco.
La semana pasada, el Gobierno federal y el partido Morena reprocharon que la ASF informó que la cancelación del Nuevo Aeropuerto Internacional de México (NAIM) en Texcoco, costó 332 mil millones de pesos y demandaron que se investigue esto, pues estaba dañando su imagen y aseguraron que el costo de cancelación real era de 110 mil millones de pesos. Posterior a estos reclamos, el auditor especial Agustín Caso se retractó a través de un comunicado a su nombre y dijo que hubo “inconsistencias” en el proceso de escrutinio.
La Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados esta semana decidió llamar al titular de la ASF, David Rogelio Colmenares y otros funcionarios de este órgano, para que expliquen este asunto e investiguen el caso.
Por esto, el diputado Ortega Martínez expresó que el presidente López Obrador no sólo está debilitando a la Auditoría con sus reclamos; sino, a la Cámara misma, por lo que enfatizó que la ASF tiene como responsabilidad y mandato rendir cuentas a la Cámara de Diputados y a nadie más.
“La ASF y sus funcionarios no tienen derecho a arrugarse ante la embestida y presiones del Presidente Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Hacienda, Arturo Herrera pues la responsabilidad y el mandato de David Colmenares es con la Cámara de Diputados, y solo a ella debe de dar cuenta, a nadie más”, dijo el legislador.
Ortega Martínez, que también es secretario de la Comisión de Hacienda en San Lázaro, alertó que, el presidente pretende dar un duro golpe a la facultad de control que tiene el Congreso sobre el ejercicio del Gasto Público del Ejecutivo. Pero además, indicó, lesiona la vida institucional del país al flagelar la división de facultades y el equilibrio de poderes que nos marca la Constitución.
Aseguró que lo conducente es esperar a que la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de dicha Comisión -hoy a cargo del emecista Mario Alberto Rodríguez Carrillo- haga la revisión correspondiente respecto a lo analizado por la ASF y, después, “aceptar, ajustar o modificar el Informe que tanto ha molestado a López Obrador porque ha evidenciado un manejo desaseado, desarticulado, sin control de los recursos públicos, y ha exhibido como un ‘fracaso’ la principal bandera del Presidente y por la cual millones de mexicanos le dieron su voto: El combate a la corrupción y el ejercicio efectivo y ordenado de los recursos públicos”.
Señaló también que se debe esperar a los resultados finales de la revisión de la Cuenta Pública, pues recordó que aún falta conocer las observaciones a los programas “Jóvenes Construyendo el Futuro”, “Sembrando Vida”; los proyectos del “Tren Maya”; “Dos Bocas” y el “Tren Transístmico” sobre los cuales no hay, hasta el momento, reclamos fuertes que sean incluidos en las fallas de las que hacen mofa y tratan de ridiculizar los funcionarios del Ejecutivo.
Antonio Ortega Martínez concedió cierta autenticidad a la evaluación hecha por la ASF con respecto al costo real por la cancelación del Aeropuerto de Texcoco: “Arturo Herrera reconoce que restan por atender papeles de inversión y bonos por 4 mil 200 millones de dólares (84 mil millones de pesos) y deja claro que aún hay que pagarlos; por lo tanto –indicó- deben entrar a la contabilidad en el pasivo.
Citó además que los gastos no recuperables (pérdidas ya reconocidas por el Secretario Herrera) giran en alrededor de 78 mil 200 millones de pesos. Hay igualmente, una aceptada compra de bonos de “Fibra E” que han significado 34 mil 027 millones de pesos, más 498 millones de pesos por asesoría legal en los juicios y conciliación.
“Tan solo por estos tres rubros acumulados -agregó- el saldo es de: 112 mil 725 millones de pesos que, sumados los 84 mil millones de pesos en bonos en circulación (sin considerar los rendimientos que hay que pagar después de casi dos años, más costos de los juicios y de la negociación), hacen fácilmente contabilizables más de 200 mil millones de pesos”, corroboró.
Finalmente, el legislador federal confirmó entonces que el “error metodológico” del que se acusa a la Auditoría no cuestiona la cifra que supera con mucho, los 88 mil millones de pesos reconocidos por el gobierno como: “costos del cien por ciento de la cancelación del Aeropuerto de Texcoco”.
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