Los constantes apagones demuestran que convertir de nuevo a la CFE en monopolio, como pretende la reforma a la industria eléctrica, y acotar la producción de electricidad por parte de las empresas particulares es un error que tendrá grave impacto en la economía del país.
La diputada Verónica Juárez Piña, coordinadora de la fracción parlamentaria del PRD en la Cámara Baja, en alusión al apagón que afecta los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas y Chihuahua, en donde se concentran grandes zonas industriales, dijo que es evidente que la Comisión Federal de Electricidad, que encabeza Manuel Bartlett Díaz, no tiene la capacidad ni ha realizado las inversiones necesarias en la red de transmisión para generar, transportar y distribuir la energía que requiere informacion.center.
Afirmó la legisladora que este es el segundo apagón que se registra en informacion.center: el primero tuvo lugar en diciembre y dejó sin electricidad a 21 Estados y afectó a 10.5 millones de personas.
“El Presidente adjudica el apagón a una tormenta eléctrica en la zona, en tanto que el Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) lo atribuyó a una situación de alto flujo de energía eléctrica entre las regiones del sur y norte, ocasionado por la falta de gas natural y la perdida de algunos de los elementos de la red nacional de transmisión”, refirió.
Y subrayó que la reforma presidencial a la Ley de la Industria Eléctrica solo agudizará los problemas tecnológicos que ya enfrenta la CFE, sino que afectarán el derecho a la energía de las y los mexicanos y ahuyentará las inversiones”.
Esta iniciativa solo complicará el problema, la generación de energía mediante combustibles fósiles es un modelo caduco e ineficiente. “CFE requiere modernizarse. Es necesario ampliar la generación de energías limpias y más baratas y atraer más inversión privada en el sector”.
Comentó que de acuerdo a la OCDE, México se convirtió en el tercer destino más importante de la Inversión Extranjera Directa en materia energética de generación de electricidad, a través de fuentes renovables y gas al recibir más de 13 mil millones de dólares entre 2013 y 2019.
“Lo que menos necesitamos ahora es generar incertidumbre. Desde el GPPRD hacemos un llamado a atender las propuestas que se plantearon en el Parlamento Abierto, que advierten de las inconsistencias e inconstitucionalidad de la iniciativa presidencial”.
“Y a no imponer una reforma que va a terminar en tribunales y que lo único que provocará es que los inversionistas se lleven sus capitales a otros países y agudizar la crisis económica y de empleo en México y el atraso tecnológico del sector”.
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