La Fiscalía Anticorrupción tiene diversas diligencias de investigación abiertas por la compra de material sanitario durante la pandemia, y ya ha detectado en algunos contratos beneficios desmesurados, de hasta el 400% en algún caso, por parte de las empresas que intermediaban entre las administraciones públicas y los fabricantes chinos, según fuentes del ministerio público.
El encaje penal de estas conductas, que reflejan un exceso de lucro a costa de las arcas públicas aprovechando una situación excepcional, es muy complicado, según admiten las mismas fuentes. Durante los dos primeros meses de la pandemia, con cerca de 1.000 muertos diarios, y ante la urgente necesidad de disponer de bienes que escaseaban en el mercado —mascarillas, equipos de protección individual, respiradores…— se aprobaron mecanismos de contratación que anulaban la competencia y los principales controles administrativos de cualquier concurso tipo. Eso hace inviable o muy complicado imputar un delito a quienes se aprovecharon de esas circunstancias para ganar mucho más dinero del que habrían obtenido en una situación de normalidad.
Antes de que el coronavirus pusiera a España en pausa, la compra de material sanitario era un rutinario proceso administrativo en el que las administraciones sacaban a concurso lo que necesitaban y las empresas competían por el mejor precio e idéntica calidad. Casi 8.000 millones de euros al año era el pastel a repartir en España entre filiales de multinacionales como Siemens, Roche, Mediatronic o Dräger y otras empresas medianas. Con la declaración del estado de alarma, el mundo miró a China, el primer fabricante de material sanitario. Y los precios se dispararon: una mascarilla quirúrgica que costaba 0,027 euros en un concurso pasó a costar entre 0,4 euros y un euro.
“En circunstancias normales jamás hubiéramos dado por bueno ese precio, pero no había más remedio que aceptarlo”, explicaba en aquellos primeros meses de la pandemia un alto cargo regional encargado de las compras de material. En esta situación, los intermediarios, muchos de ellos sin ninguna experiencia en el sector, acudieron a las administraciones públicas ofreciendo este material chino para hacer grandes negocios.
“Nos hemos encontrado con casos en los que el intermediario compraba material sanitario en China y lo vendía en España, a cualquier administración, por cuatro o cinco veces más”, señalan fuentes conocedoras de la investigación abierta en la Fiscalía Anticorrupción.
La avaricia no está tipificada en el Código Penal. La situación era excepcional, de una extrema gravedad, con cientos de muertos diarios y miles de contagiados en una situación de gran desprotección por falta de material sanitario.
Empresas sin experiencia
informacion.center ha preguntado a decenas de empresas que durante la pandemia lograron contratos con diversas comunidades autónomas para suministrar material sanitario a las administraciones. Se trata en muchos casos de firmas sin experiencia en el sector sanitario pero que en aquellos días lograron traer de China abundante material.
La mayoría de las empresas se han negado a facilitar datos sobre el precio que pagaron en China, de manera que es imposible extraer conclusiones sobre sus beneficios. Dos de esas empresas, pidiendo el anonimato, sí facilitaron los datos de sus contratos de venta a la administración y sus compras en China.
Una de ellas detalló lo siguiente: Compró un millón de mascarillas quirúrgicas de tres capas, a 0,33 dólares cada una, y las vendió a una comunidad autónoma a 0,65 euros (más del doble, según el cambio de entonces). Compró 100.000 mascarillas KN95 /FFP2 a 1,62 dólares y las vendió a 2,65 euros. Y compró 100.000 gafas de protección a 2,89 dólares para venderlas a continuación a 5,95. La otra empresa registró un beneficio menor, por encima del 25%.
Expertos juristas entienden que no existe capacidad para atribuir un delito a esa aparente falta de escrúpulos —o aprovechamiento de la inercia del mercado— a la hora de cobrar cantidades excesivas a la administración pública por el material sanitario durante las peores semanas de la pandemia. “Hacer un negocio escandaloso aprovechando la situación excepcional que sufría España puede ser reprochable desde el punto de vista ético, pero no es ilegal”, sostienen.
El grupo parlamentario del PP en la Asamblea de Madrid ha presentado una denuncia en la Fiscalía Anticorrupción para que se investiguen 12 contratos por más de 300 millones de euros adjudicados por distintos organismos del Gobierno central durante la pandemia. El argumento del PP en la Asamblea de Madrid, que sigue las órdenes de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso, es el siguiente: “La situación de emergencia sanitaria no puede justificar toda restricción de la competencia y la ausencia de cualquier forma de control para garantizar el interés público, que evita el despilfarro y el amiguismo. El Tribunal de Cuentas establece la necesidad de acreditar la solvencia de las empresas contratistas, así como la adecuación de su objeto social”.
“Tras la publicación de las correspondientes informaciones en diversos medios de comunicación, hay una serie de contratos, formalizados por distintos órganos de la Administración del Estado, en los que el contratista podría tener una relación de cercanía o familiar con algún alto cargo, o no se han cumplido los debidos requisitos de solvencia del contratista, lo que llevó a resultados perjudiciales para la administración”, añade la denuncia.
Ayuso reaccionó con esta iniciativa a la investigación abierta hace tres semanas por la Fiscalía Anticorrupción del contrato suscrito con la Comunidad de Madrid por la empresa Priviet, sin ninguna experiencia en el sector de los productos sanitarios. Priviet vendió 250.000 mascarillas que había comprado en China a cinco euros cada una. El hermano de Ayuso fue la persona que consiguió el material para esa empresa y su traslado a Madrid. Por ese trabajo, que le llevó menos de 10 días, cobró, al menos, 55.000 euros.
La presidenta autonómica, que ocultó estos datos a la opinión pública hasta que Pablo Casado, presidente del PP, habló del negocio en febrero de este año, considera que el contrato que benefició a su hermano es perfectamente legal y no admite ningún reproche.
El ‘caso Ayuso’, entre la fiscalía europea y la española
La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, resolverá previsiblemente este lunes el conflicto de competencia planteado por el fiscal jefe Anticorrupción, Alejandro Luzón, a cuenta de la investigación abierta sobre el contrato de suministro de mascarillas en la Comunidad de Madrid por el que hizo negocio el hermano de la presidenta autonómica, Isabel Díaz Ayuso.
La Fiscalía europea creada para vigilar el fraude en el uso de fondos europeos pidió para sí esta investigación al conocer que el dinero empleado por la Comunidad de Madrid para abonar ese contrato (1,5 millones de euros por 250.0000 mascarillas FPP2) procedía de esa partida que vigila.
La Fiscalía Anticorrupción, que abrió hace tres semanas unas diligencias para investigar el caso, entiende que los delitos que se pudieron dar en el contrato se refieren a negociaciones prohibidas a funcionarios, falsedades en documento público o tráfico de influencias, todos ellos asociados a la corrupción. Y considera que esos delitos no afectan a los intereses financieros de la Unión Europea.
La Fiscal General del Estado, Dolores Delgado, tendrá en cuenta esos argumentos para tomar una decisión salomónica, según fuentes del departamento: la investigación del contrato que benefició al hermano de la presidenta madrileña, Tomás Díaz Ayuso, se llevará tanto en la Fiscalía Europea, que investigará la posible malversación de fondos públicos, como en la Fiscalía española Anticorrupción. Este viernes, Anticorrupción tuvo que parar las diligencias en las que ya ha avanzado respecto al beneficio que permitió aquella adjudicación, aunque aún no ha tomado declaración a nadie.
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