El pasado 27 de octubre la Xunta intervino la residencia de Salvaterra de Miño, en el área metropolitana de Vigo. Acumulaba 110 contagios (84 residentes y 26 trabajadores) que ahora han disminuido a 91 (64 residentes, tras el fallecimiento de 13, y 27 empleados) y era necesario “garantizar la calidad asistencial” y la “correcta protección” de la salud de todos ellos, indicó la Consejería de Política Social. Transcurridos 14 días, la situación del centro es terrorífica, según la denuncia registrada este lunes en la Inspección de Servicios Sociales de la Xunta por la asociación Trabajadoras de Residencias de Galicia (Trega). El escrito, respaldado con fotografías, revela situaciones extremas de abandono. Este martes, Política Social envió la primera inspección al centro. “En caso de que se constate algún incumplimiento de la normativa se actuará en consecuencia”, afirma la consejería.
Ancianos “encerrados bajo llave en habitaciones sin timbre”; residentes que “en un 90% de los casos presentan úlceras” provocadas por la inmovilidad y por llevar “los mismos pañales durante horas”; colchones rotos y sucios, como las sábanas que “apenas les cambian”; escaso mantenimiento y salubridad de las instalaciones; camas que no son clínicas y no pueden elevarse; aseos no adaptados y escasez de material. Este es el espeluznante escenario que describen el texto y las fotografías de la denuncia registrada por Trega.
El colectivo pone de manifiesto que la asunción por la Xunta de la gestión de todas las áreas de la residencia de Salvaterra parece no haber mejorado la situación del centro y de los usuarios. Las decisiones en la residencia, propiedad de la empresa Residencia Salvatierra S.L., recaen desde hace 14 días en la Xunta, que asegura que ha “reforzado sustancialmente” la plantilla de enfermería con 35 trabajadores. Un aumento que ha permitido “cubrir las bajas de todos los empleados infectados e incrementar aún así la plantilla original”, afirma la Consejería de Política Social.
“Los ancianos pueden pasar desde las 10 de la mañana hasta media tarde sentados en una silla sin ningún movimiento postural”, afirma a este diario la presidenta de Trega, Sonia Jalda, que no trabaja en el centro, pero asegura que las trabajadoras de la residencia han trasladado a la asociación cuál es la situación. El colectivo al que representa asegura que el número de residentes supera en una veintena a las 108 plazas (72 subvencionadas mediante conciertos públicos) que posee el centro mientras que la plantilla, que debería ser de 50 trabajadoras, se encontraba diezmada por la baja de 27 de ellas, enfermas de covid, antes del refuerzo de la Xunta.
El personal no se explica por qué no ha actuado la Inspección de Servicios Sociales “ni antes ni durante la intervención” de la residencia por la Xunta, algo que consideran “una clara dejadez de funciones con consecuencias desastrosas para la salud de usuarios y trabajadoras”. La Consejería de Política Social responde que no habían acudido a este centro porque realizan inspecciones aleatoriamente o cuando hay una denuncia, como ha ocurrido ahora”. “No hemos podido actuar con mayor rapidez”, asegura un portavoz.
En la denuncia del colectivo queda de manifiesto que la residencia no disponía de grúas para mover a los residentes. Una carencia que se solventó este mismo lunes, “justo después de registrar el documento”, según el relato de la asociación. Y este martes un cargo de la consejería se puso en contacto con Trega para expresar su disposición a visitar el centro y conocer con detalle la situación y ver el modo de atajar las carencias. Sin embargo, el colectivo denunciante asegura que la coordinadora de la residencia “presiona a todo el personal para que movilicen a todos los usuarios manualmente”, pese a que ya disponen de grúas, procedentes de un centro de Vigo. “Esta práctica puede provocar daños físicos, alto riesgo de caídas y sobrecargas a las trabajadoras”, alerta el colectivo.
Jalda afirma que parte del personal del centro ha tenido que ser atendido por crisis de angustia y también por lesiones traumatológicas. Y añade que hay trabajadoras en situación de incapacidad laboral “porque no todo el mundo vale para trabajar en estas condiciones, sin medios para poder ayudar a unos ancianos dependientes”. Las habitaciones también tienen “deficiencias” de material y un “nulo mantenimiento”. Ni siquiera tienen palos de gotero para colgar la medicación intravenosa, que tiene que colgarse “de las lámparas”, según su relato.
“Es incompresible que se haya mantenido durante años una plantilla de 50 personas, incluyendo médicos, enfermeros, auxiliares, trabajadores de limpieza etc., para atender a 108 personas mayores, la mayoría con problemas de movilidad”, protesta Jalda. Y asegura que la denuncia ha sido posible gracias a la incorporación a la residencia, una vez intervenida, del personal público que fue desplazado allí. Los contratados por la empresa propietaria no hablaron antes.
La presidenta de Trega lamenta que haya tenido que llegar una pandemia “para que tengamos la evidencia del trato que están recibiendo los ancianos en los centros que, aunque sean privados, como este, están financiados con nuestro dinero porque de las 108 plazas, 72 son concertadas”. El colectivo recuerda que más del 40% de los 988 fallecidos por covid en Galicia eran mayores que vivían en residencias.
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