El empresario Alonso Ancira Elizondo, quien fuera propietario de Altos Hornos de México (AHMSA), llegó a la Ciudad de México, luego que España concediera el pedido de extradición presentado por el gobierno mexicano.
Su llegada al hangar de la Fiscalía General de la República en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México se registró a las 17:25 horas.
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La FGR lo acusa de los delitos de operaciones con recursos de procedencia ilícita y uso indebido de atribuciones y facultades.
A las 9:42 de la mañana hora local (2:42 horas en el centro de México) salió el avión de la FGR de la base aérea de Son Sant Joan, en la isla de Mallorca, donde Ancira se encontraba preso.
La aeronave es un Bombardier Challenger 605, con matrícula XB-NWD, que cabe destacar fue utilizado para trasladar a Emilio Lozoya desde Madrid a la Ciudad de México el 17 de julio de 2020.
También se uso el 19 de enero de 2017 para la extradición a Estados Unidos del narcotraficante Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán.
Caso Ancira
La investigación contra Ancira se originó por una denuncia que Pemex presentó en marzo de 2019 “con motivo de una serie de delitos que motivaron un grave daño patrimonial a esa empresa”.
Los delitos que se le atribuyen están relacionados con la investigación en marcha de la venta con un supuesto sobreprecio de una planta de fertilizantes hecha a Pemex en 2013.
La venta de esa planta fue sellada con un sobreprecio de unos 500 millones de dólares por Ahmsa cuando Pemex era dirigida por Emilio Lozoya Austin, quien también se encuentra enfrentando un juicio en México.
El Gobierno de México indicó que la planta de fertilizantes no tenía un valor que superara los 50 millones de dólares, por lo que se considera que el sobreprecio afectó de forma negativa a Pemex, además de que todavía no funciona por estar obsoleta.
El auto judicial argumenta que Ancira cooperó en el blanqueo de capitales de Lozoya, “pagando por adelantado” para que cuando este fuera el director general de Pemex se procediera a la “adquisición de una empresa obsoleta e inoperativa por un precio tres veces mayor del que realmente vale en el mercado, perjudicando con ello, además, los intereses públicos”.
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La Audiencia Nacional española falló que los delitos por los que México reclama a Ancira se pueden considerar como tales también en España y descartó tanto que los hechos hayan prescrito como la persecución política que alegaba la defensa de Ancira.
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