México ha experimentado un notable aumento en su nivel de riesgo político, alcanzando niveles que lo alinean con Perú, un país que ha enfrentado desafíos de inestabilidad recurrentes en los últimos años. Según un reciente análisis de AtlasIntel, este fenómeno se sitúa en un contexto caracterizado por el crimen organizado en expansión, la corrupción persistente y una creciente agitación social. Aunque no se prevé un colapso institucional inminente, la situación actual presenta al nuevo gobierno con un entorno de alta complejidad y presión acumulada.
Fundamentalmente, la inseguridad y la corrupción se destacan como los motores que alimentan este deterioro en el riesgo político. La percepción de que el crimen organizado controla vastas áreas del territorio, junto con la desconfianza en las autoridades, sugiere que el Estado aún no ha logrado restablecer completamente su capacidad de control y contención. Esta problemática se ve intensificada por una sensación generalizada de impunidad, alimentada por escándalos que carecen de resoluciones claras y por la debilidad de los mecanismos de supervisión institucional en sectores críticos.
Adicionalmente, un aumento significativo en el riesgo de conflicto social se ha documentado, resultado de la combinación de violencia, presión económica y expectativas no satisfechas. Esta mezcla crea un caldo de cultivo propicio para nuevas protestas, especialmente entre los sectores urbanos y juveniles. La ciudadanía muestra signos de agotamiento frente al discurso político vigente, en un momento en que los intentos de estabilización chocan con realidades estructurales profundamente arraigadas.
En este contexto, la aprobación del gobierno ha experimentado un ligero descenso, aunque esto no implica una crisis de gobernabilidad inminente. Más bien, refleja la carga de problemas heredados: seguridad, corrupción y finanzas públicas bajo presión, todo mientras la sociedad se vuelve cada vez más exigente.
A diferencia de Perú, México no está al borde de una ruptura institucional, pero se enfrenta a una fragilidad significativa. Cada decisión del gobierno será evaluada con atención tanto por los mercados como por la ciudadanía, reflejando un país que navega aguas difíciles hacia un futuro incierto.
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