El pasado sábado, el enfermero Alex Pretti perdió la vida en Minneapolis, Minnesota, tras ser tiroteado en repetidas ocasiones por agentes de la Patrulla Fronteriza durante una operación del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Este trágico incidente ha suscitado una creciente indignación en la comunidad y ha llevado al Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos a suspender a los agentes involucrados, una medida considerada “protocolo estándar”, según la subsecretaria Tricia McLaughlin.
Pretti, de 37 años, se encontraba en el lugar del suceso intentando proteger a una mujer mientras sostenía un teléfono móvil en una mano y no contaba con ningún arma en su poder, según relataron sus padres, Michael y Susan Pretti. A pesar de su testimonio, el Departamento de Seguridad Nacional afirma que Pretti estaba armado con una pistola y dos cargadores, un detalle que ha generado controversia y protestas masivas, especialmente después de este incidente y de otros recientes en los que se ha visto involucrado ICE.
La muerte de Pretti no es un caso aislado; el mismo mes, Reneé Good fue abatida por agentes federales, un hecho que ha levantado aún más alarmas sobre el uso de la fuerza por parte de las autoridades. Los recientes acontecimientos han provocado manifestaciones en las que se exige mayor rendición de cuentas y una revisión del protocolo utilizado en operaciones de esta naturaleza.
La Asociación Nacional del Rifle (NRA) también ha expresado su preocupación, recordando que, incluso si Pretti hubiera estado armado, la Constitución prohíbe a los agentes de la ley disparar a ciudadanos armados que no representen una amenaza inminente.
Este incierto contexto resalta la tensión entre el cumplimiento de la ley y los derechos de los ciudadanos, un desfase que continúa generando debate y cuestionamientos en la sociedad estadounidense. La comunidad espera respuestas claras y justas, así como un cambio en las políticas que guíen las acciones de las fuerzas de seguridad en situaciones críticas.
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