La reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de reabrir la revisión de un presunto adeudo fiscal del grupo Femsa, que data desde 2011, ha generado una ola de reacciones en el entorno del oficialismo mexicano. La presidenta Claudia Sheinbaum se manifestó en contra de esta revisión, mientras que el coordinador de los senadores, Adán Augusto López Hernández, apoyó esa postura. En conversaciones privadas, López Hernández advirtió que reabrir estos expedientes podría considerarse una violación a los acuerdos establecidos por el presidente Andrés Manuel López Obrador.
El papel crucial de Adán Augusto en la reciente salida de Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía lo vuelve a posicionar como un actor clave en la política. Esta relevancia ha generado inquietudes entre algunos empresarios que han buscado comunicarse con él tras el anuncio de la ministra Lenia Bátres, quien impulsó la revisión fiscal.
El descontento desde la localidad de Palenque es comprensible. Durante el 2020, el expresidente demostró afinidad con diversos empresarios, quienes aceptaron hacer pagos diferidos de sus adeudos fiscales en lugar de enfrentar conflictos judiciales. Entre ellos se encontraban grandes nombres como Walmart, IBM y, por supuesto, Femsa. López Obrador incluso agradeció públicamente a estas empresas en una conferencia de prensa el 30 de mayo de 2020, reconociendo su disposición para regularizar sus cuentas. Por ejemplo, se registró que Walmart pagó más de 8,079 millones de pesos por una operación en 2014, mientras que Femsa saldó un total de 8,790 millones y IBM de México otros 669 millones en esa misma ocasión.
Hoy, sin embargo, a Femsa se le atribuye un adeudo que supera los 2,800 millones de pesos. La compañía sostiene que el asunto se resolvió a su favor en junio de 2024, basándose en la caducidad de las facultades de comprobación del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y en un cobro considerado duplicado de un monto ejercido en 2005.
Aunque el 6 de noviembre se rechazó la revisión de este caso en la Suprema Corte, una semana después, la ministra Bátres decidió atraer el recurso de revisión fiscal, logrando su aprobación con el apoyo de seis ministros adicionales. Este giro en la situación se presenta en un momento crítico, donde las decisiones fiscales no solo influyen en las empresas, sino que también reflejan las dinámicas políticas y las relaciones entre el gobierno y el sector empresarial.
En conclusión, la reactivación del tema del adeudo fiscal de Femsa podría reabrir viejas heridas y poner a prueba los acuerdos alcanzados entre el gobierno y el sector privado. Observadores apuntan que esta situación continuará generando ruido en el entorno político y empresarial, lo que podría tener repercusiones en el clima de inversión y en las relaciones entre el Estado y los grandes contribuyentes.
Esta nota contiene información de varias fuentes en cooperación con dichos medios de comunicación
