La fiscalidad autonómica, y las diferencias entre los impuestos que aplican las comunidades, ha agitado la controversia tras la sugerencia del presidente valenciano, Ximo Puig, de aplicar un impuesto a Madrid para compensar los beneficios que esta región obtiene por la capitalidad. Al hilo del debate sobre la armonización fiscal, esta idea secundada por el ministro de Inclusión, José Luis Escrivá, fue rechazada ayer por la titular de Hacienda, María Jesús Montero.
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Fuentes de este departamento insisten en que la postura del Gobierno no ha cambiado: “Defendemos un sistema progresivo, en el que todos contribuyan según su capacidad y reciban según su necesidad”. Es decir: avanzar hacia una armonización fiscal de los tributos que las comunidades tienen cedidos, un asunto que está estudiando el comité de expertos para la reforma fiscal y que afectará a todas las autonomías. Este grupo tiene tiempo hasta finales de febrero de 2022 para presentar sus conclusiones.
Bajo el foco están, principalmente, los impuestos de sucesiones y donaciones y patrimonio. Se trata de gravámenes estatales que están cedidos al 100% a las comunidades, que por ello pueden aplicar las reducciones y bonificaciones que consideren. Esta prerrogativa, amparada por la ley, ha creado una enorme disparidad entre autonomías. Madrid es una de las regiones que más uso ha hecho de esta autonomía fiscal. Y lo ha hecho a la baja.
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La región de la capital bonifica al 99% el impuesto de sucesiones y donaciones para los familiares cercanos —el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso quiere profundizar en las rebajas—; por el tributo que grava a los más ricos, el de patrimonio, de facto no recauda nada, ya que es la única comunidad que lo bonifica al 100%. Madrid también es la autonomía con el tipo autonómico del IRPF más bajo para casi todos los tramos —las comunidades pueden modificar el 50% de la escala de gravamen que se corresponde a la cuota autonómica y el actual Gobierno regional quiere reducirla aún más—, fruto de años de rebajas fiscales impulsadas por los distintos gobiernos del PP que se han sucedido al frente de la región y que han restado más de 48.000 millones a las arcas regionales desde 2004.
El informe Panorama de la Fiscalidad Autonómica y Foral 2021, del Registro de Asesores Fiscales del Consejo General de Economistas (REAF-CGE), ofrece una muestra de la brecha fiscal que existe entre territorios. Los impuestos sobre sucesiones y donaciones son los más dispares, también debido a que el importe a abonar crece al alejarse el grado de parentesco. Por ejemplo, un soltero de 30 años que hereda 800.000 euros, 200.000 de ellos correspondientes a la vivienda habitual, pagará 103.135 euros en Asturias, que tiene la factura más cara bajo estos supuestos. En el otro extremo se sitúan Andalucía, Cantabria y Galicia, donde no se abona nada. En Madrid, Extremadura y Murcia también la cifra a pagar será mínima, inferior a los 2.000 euros.
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