Casi cuatro meses de incertidumbre sobre el futuro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) terminaron el viernes con el anuncio de su presidente, Arturo Zaldívar, sobre su decisión de rechazar la ampliación de su periodo al frente del tribunal hasta 2024.
Lo que comenzó como un discreto detalle en el Congreso y después se convirtió en un incendio que cuestionaba las intenciones del Ejecutivo respecto al asunto ha quedado zanjado en un anuncio de menos de 15 minutos en la sede del Supremo y con la confirmación presidencial de que era difícil que el tema avanzara en la misma Corte. La razón de fondo para desatar –y luego descartar– la polémica propuesta que le añadía dos años al cargo de Zaldívar está algo desdibujada.
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Zaldívar ha dado a conocer su rechazo a la ampliación de su mandato unos días antes de que sus diez colegas en el máximo tribunal discutiesen y votasen el tema. En junio, el ministro pidió a sus compañeros la evaluación de la decisión que el Congreso había tomado en abril, pero desde entonces mostraba cierta inclinación para no seguir adelante. “¡Respete la Constitución!”, le gritó un hombre después de salir de una casilla electoral el 6 de junio, la ampliación de mandato sembraba impopularidad cada día.
En julio, reconoció a este diario que ha sido él quien ha pagado el mayor coste político de la decisión ante los señalamientos de que la extensión de mandato era un designio del presidente, Andrés Manuel López Obrador, que ponía en riesgo la independencia del Poder Judicial. “Espero que en agosto esto ya no sea sino una anécdota y podamos volvernos a ocuparnos de lo importante”, dijo entonces. Y así fue.
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El ministro ha insistido este viernes en que el ruido sobre la ampliación de mandato ha dejado en un segundo plano lo vital: la reforma del Poder Judicial. Una iniciativa que -según sus palabras– busca eliminar la corrupción, el nepotismo y el acoso sexual en la institución que imparte justicia, para, al mismo tiempo, volverla más profesional para atender los asuntos de los mexicanos de a pie. “El Congreso de la Unión pensó que era una buena idea que quienes pensamos y diseñamos esta reforma concluyéramos su consolidación. Ante el riesgo de que una reforma inacabada por una inercia institucional genera una vuelta al pasado hacia estadios de corrupción y nepotismo que esperemos que ya queden desterrados para siempre en este Poder Judicial”, argumentó el magistrado al anunciar su decisión de rechazar la ampliación de mandato.
Siguen siendo un misterio los motivos que llevaron al senador Raúl Bolaños-Cacho Cué, del Partido Verde, a pedir en abril pasado añadir de última hora a la reforma del Poder Judicial un artículo transitorio – el décimo tercero– para que Zaldívar presidiera la Corte y el Poder Judicial hasta noviembre de 2024. El senador de Oaxaca, con cercanía a las figuras locales del PRI, preside la Comisión de Medio Ambiente y promueve una agenda más cercana a los intereses de su partido, que a los de la formación política del presidente. El senador apostó a una maniobra política de despiste: una chispa que lo encendió todo a su paso. El argumento de la protección para la reforma judicial también fue citado por el legislador.
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López Obrador insistió durante todo el debate que la extensión del mandato de Zaldívar estaba en línea con los objetivos de su Gobierno para desterrar la corrupción e impulsar una transformación de la vida política de México. “Para que haya un cambio [en el Poder Judicial] se requiere que el ministro Zaldívar perdure hasta el 2024. No es reelección, es que termine en el 2024, ojalá lo apoye el resto de los ministros, puestos por el antiguo régimen y cuando la política estaba al servicio de las minorías y no al servicio del pueblo”, mencionó el mandatario en junio.
El jueves frente a un plato de tamales de frijol y plátanos fritos y un vaso de chocolate, Zaldívar le confirmó a López Obrador que renunciaría a la ampliación de mandato, según ha contado el presidente. Sin insistir más en el tema, el mandatario ha confirmado que una de las razones era la imposibilidad de que el asunto prosperara en la Corte. “Está muy difícil, porque predominan los ministros del antiguo régimen”, dijo como justificación para no seguir adelante. López Obrador apunta a los ocho ministros elegidos por sus antecesores –Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto– para ocupar un asiento en el tribunal máximo. Él ha designado a tres y al final de este año tendrá la oportunidad de nominar a un cuarto.
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