El Juzgado Séptimo de Distrito en Materio Civil admitió el concurso mercantil de Altán Redes, empresa encargada de desplegar y operar la Red Compartida.
“Se admite la demanda. Se libra oficio al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles, así como al Servicio de Administración Tributaria (…); Tesorería de la Federación, Instituto Mexicano del Seguro Social e Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores”, dice el acuerdo publicado en la página del Consejo de la Judicatura.
A mediados de julio, la empresa público-privada encargada de cumplir la promesa presidencial de duplicar el número de localidades con acceso a Internet, solicitó iniciar el concurso mercantil.
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En un comunicado precisó que, para continuar con el despliegue de su red y la operación del proyecto de telecomunicaciones de mayor relevancia en la historia del país. Busca mejorar su situación financiera y por ello está en negociaciones con sus acreedores.
El CEO de la compañía, Salvador Álvarez, dijo en entrevista que pese a la solicitud de de concurso mercantil el despliegue de la Red Compartida, proyecto surgido de la reforma de telecomunicaciones, estaba garantizado.
“Precisamente porque queremos evitar que haya riesgo en el despliegue, entre otras cosas, es por lo que hemos acudido a la figura de concurso mercantil”, indicó.
El directivo comentó que con el proceso buscan reestructurar alrededor de 17 mil millones de pesos de deuda.
La jueza Concepción Martín Argumosa ordenó la designación de un visitador en los próximos tres días, quien revisará la situación financiera de la empresa y emitirá un dictamen.
Cabe destacar, que Altán Redes tiene una concesión a 20 años para desarrollar y operar la Red Compartida bajo un contrato de asociación público privada con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT).
La promotora de inversión de capital variable, señala que la Red Compartida se desarrolla a través de una Asociación Pública-Privada (APP) con el Gobierno de la República, con el objetivo final de alcanzar al 92.2 por ciento de los habitantes del país bajo un modelo de tipo mayorista, neutral y no discriminatorio.
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