El periodista asesinado ayer en Oaxaca, Gustavo Sánchez Cabrera. Estaba incorporado al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Además contar de medidas cautelares solicitadas por la Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca (DDHPO) desde el año pasado.
Ante el homicidio, el organismo autónomo inició de oficio el expediente DDHPO/CA/027/RI/(21)/OAX/2021, mediante el cual requirió a la Fiscalía General del Estado. Una investigación independiente, pronta e imparcial, que permita el esclarecimiento de los hechos y la efectiva persecución y sanción de los autores materiales e intelectuales.
En el oficio dirigido a Gustavo Sánchez Cabrera, con fecha 1 de junio de 2021. Se le hacía saber que la Junta de Gobierno del Mecanismo había acordado, con motivo del estudio de riesgo, aprobar un plan de protección.
Para ello la Coordinación Ejecutiva Nacional solicitaría a través del enlace por convenio del Estado de Oaxaca, notificar al gobierno estatal. Así como al municipio de Tehuantepec, que el comunicador se encontraba incorporado al mecanismo de protección. De igual forma se le informó que se le otorgaría un botón de asistencia con aplicación de localización para el sistema de reacción inmediata.
La DDHPO requiere a la Fiscalía agotar todas las lineas
A través de un comunicado, la DDHPO requirió a la Fiscalía que en las investigaciones del asesinato se agoten todas las líneas, incluida la actividad periodística, y tomar en cuenta las amenazas y ataques previos de los que fue víctima.
El organismo autónomo dijo que evaluará el desempeño de las autoridades en relación a las medidas cautelares dictadas el año pasado a favor del periodista.
De su lado, la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO), informó a través de un comunicado de prensa que la Vicefiscalía Regional del Istmo y de la Fiscalía Especializada en Investigaciones de Delitos de Trascendencia Social iniciaron la carpeta 20149/FIST/SALINA/2021 por el delito de homicidio.
En el mismo comunicado la Fiscalía general condenó “todo acto que transgreda contra la libertad de expresión y reitera su compromiso de garantizar justicia y respeto a los derechos humanos de quienes ejercen la actividad periodística, aplicando todo el rigor de la Ley a quienes atenten en su contra”.
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